Por Rogelio Hernández López
Un día sí y otro también golpean o maltratan o acosan o amenazan o les dan o retiran publicidad a reporteros y medios de prensa para impedir que hagan su trabajo en San Luis Potosí, Chetumal, Veracruz, Chiapas, Michoacán o en cualquier otra entidad. Las estadísticas prueban que los servidores públicos son los agresores más recurrentes de los medios y periodistas que les incomodan. Ya se produjo una atmósfera nacional.
Esa atmósfera la podemos ver casi diariamente en medios impresos o electrónicos. Por ejemplo en el buscador Google si alguien curioso pone las palabras Policías-Agraden-Periodistas-México-2014, le aparecerán 296,000 resultados en 30 segundos. Artículo 19, entre otros organismos, tiene documentados 633 agravios en los seis años del periodo de Felipe Calderón y en los 19 meses de Peña Nieto la Casa de los Derechos de Periodistas ha registrado más de 500. Y los mayores agresores, antes y ahora son entre el 30 y 34 por ciento los uniformados (azules, verdes, grises); entre el 22 y 25 por ciento funcionarios públicos; entre el 15 y el 18 por ciento otros servidores públicos.
Técnicamente se puede inducir que los lineamientos para estos actos son de los gobernantes y sí sabemos que los aplicadores principales son los guardianes de sus órdenes. Unos y otros no saben qué hacer más allá de eso. En el colmo ya apareció el primer caso de que desean estirar la liga del autoritarismo para darse leyes contra el ejercicio del periodismo como en Sinaloa donde se intentó una reforma legal para acotar más a los medios y en especial a los reporteros de la nota roja.
Ellos los agentes del Estado son los principales que han provocado que se salga de cauce la mínima seguridad que deberían tener los periodistas para cumplir con su función social de informar de los asuntos de interés público y han estimulado la violencia contra la prensa. Nadie pone orden y cada quien actúa conforme le place y la impunidad es su mejor caldo de cultivo. Desde el Estado se ha provocado ese gran desmadre en que derivaron esas formas para tratar oficialmente al periodismo profesional. Y la persona que podría marcar pautas, por ejemplo, es el Presidente de la República,no roza el tema ni por accidente. (La Real Academia de la Lengua me permite aplicar así el vocablo desmadre).
Anomia sería el concepto más correcto y preocupante para abordar el desorden de comportamiento de gobernantes y de los uniformados de todos los colores para impedir que los reporteros accedan a los sitios dónde se está generando información de interés público. Anomia es una categoría sociológica que indica la atmosfera que sufre una sociedad por la ausencia de normas, de reglas morales y jurídicas y al debilitamiento de sus instituciones, lo que lleva a la desintegración social.
Y sí, la Anomia es resultado del dilema permanente en los mandones del Estado mexicano, el cómo tratar a medios y periodistas incómodos, porque no tienen leyes ni herramientas para contrarrestar informaciones que a su juicio les afectan. El neoliberalismo de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y los que siguieron le hicieron rematar los medios que podían equilibrar el gran mercado de la información; se deshicieron de las señales de televisión, debilitaron los esquemas de radios públicas, no estimularon los canales estatales, debilitaron la agencia de noticias oficial y hasta cerraron El Nacional, único diario que tenía el Estado. En cambio entregaron a las empresas más fuertes el predominio del mercado de la información y se quedaron sin instrumentos de equilibrio. Así, ahora sólo tienen espacios para reaccionar con reflejos autoritarios en el uso del gasto publicitario, leyes que inhiben el ejercicio de la prensa o el garrote (con todas sus variables de uso del poder y la fuerza) contra los medios y periodistas no alineados con la prensa industrial.
SI HAY OPCIONES
Ese es el fondo del tema. Faltan leyes, normas secundarias e incluso convenios entre las partes para frenar los encontronazos, las intentonas de prohibición o de controlar a los medios y periodistas incómodos por esas vías recurrentes que estimulan más la teoría del caos que produce la falta de concierto de quienes gobiernan o usan la fuerza por instrucciones de los otros. Se necesita normar a unos y otros. Darles derechos y obligaciones para que la información fluya más libremente.
Por ejemplo, podría haber leyes que reconozcan que el ejercicio del periodismo es una actividad del interés público que tiene al menos 14 derechos y por tanto no sólo debe ser protegida, sino fomentada profesionalmente y tutelada jurídicamente ante empleadores y otros beneficiados del mercado de la información periodística.
Por ejemplo, deberían reformarse los códigos penales y de procedimientos penales de los estados para homologarlos con los federales para sancionar a quienes agredan a medios, periodistas y otros usuarios de los derechos a informarse y de la libertad de expresión; con ese marco legal, por ejemplo, cada entidad podría tener un Ministerio Público especializado en libertad de expresión y ya no suponer que la fiscalía especial de la PGR trabajará mucho y bien para contener y castigar todas las agresiones.
Por ejemplo ya no debe eludirse una ley general vinculante para todos los estados y municipios que norme y transparente el gasto publicitario y deje de ser instrumento del autoritarismo político. Allí puede darse preferencia a los medios pequeños, medianos o de periodismo social que cuenten con códigos de ética y defensores de la calidad de la información que se difunda a los públicos.
Por ejemplo podrían hacerse convenios entre medios de prensa y asociaciones de periodistas con las instancias de Seguridad Pública (incluidos el Ejército y la Marina Armada) y las procuradurías para acordar las formas en que se capturará la información de interés público, como ya se trazó en San Luis Potosí, Veracruz, y se busca hacer en Sinaloa.
Estas son algunas de las opciones que necesitamos empujar entre todas las partes. Hay que cambiar la atmósfera de confrontación, frenar la Anomia, parar el desmadre porque a la larga perjudicará los mínimos de estabilidad social necesarios para una marcha pacífica y civilizada de la sociedad mexicana.
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* Reportero desde 1977. Coordinador del Programa de Protección a Periodistas de la Casa de los Derechos de Periodistas; integrante del Consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de gobernación. Consejero Editorial de varios medios de prensa.
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