Pronunciamiento.
La Casa de los Derechos de Periodistas A.C. (CDP) y su RED de Enlaces en el país, condenan enérgicamente los despidos de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga e Irvin Huerta, periodistas colaboradores de MVS Noticias, con lo que se materializa un acto de Estado, del gobierno, así como de grupos de poder en contra de la Libertad de Expresión. Cómo estos casos hoy visibilizados, cientos de colegas son objeto de acoso laboral, malas condiciones de trabajo, bajos salarios, falta de seguridad social.
Consideramos un grave retroceso a la Libertad de Expresión el cierre de ese espacio informativo encabezado por Aristegui, porque, no sólo vulnera el derecho de los trabajadores sino que lesiona el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Con esta acción de Estado se cierra uno de los pocos espacios radiofónicos que existen en el país donde se ejerce la Libertad de Expresión y el periodismo independiente, que se destacan por sus investigaciones realizadas para coadyuvar al ejercicio de las libertades de Expresión e Información.
Los argumentos de MVS para rescindirles el contrato no contemplan un elemento fundamental en el quehacer radiofónico en México, el cual consiste en que como concesionaria de radiodifusión, esta empresa utiliza un bien de la nación, propiedad del pueblo de México y que por lo tanto está obligada a usarlo en beneficio de la población, priorizando sus intereses, independientemente del fin lucrativo que el Estado mexicano le concesionó.
Por las circunstancias y las formas en que fue despedido este grupo de periodistas, amplios sectores de la sociedad mexicana coinciden en señalar como inaceptable restringir el conflicto a un mero litigio laboral porque fueron afectados los derechos de acceso a la información y de la libertad de expresión.
La Asamblea General de Asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas reunida el martes 17 de marzo resolvió hacer un llamado especial a todas y todos los legisladores del país, tanto del Congreso de la Unión como de los 32 Congresos de las entidades federativas, a que asuman su responsabilidad en las siguientes materias:
Legislar para precisar que ninguna empresa de medios de comunicación, privada o pública, pueda interrumpir los flujos informativos que interesan socialmente. La propiedad de inmuebles, muebles y otros bienes intangibles de medios de comunicación social, no debieran usarse como potestad para interrumpir la información del interés social, bajo ningún argumento y menos de incumplimiento de normas impuestas unilateralmente a sus periodistas para proteger el principio de autoridad de las empresas de medios. El interés social está por encima de los intereses económicos de los particulares, que en el caso de los medios electrónicos son concesionarios de bienes nacionales.
Pronunciarse claramente en que la información de interés social debe circular libremente, sin más restricciones que las estipuladas por la Constitución general de la república.
Refrendar que el ejercicio cabal de la libertad de expresión requiere de una sociedad plenamente informada.
Reconocer, por tanto, que la información de interés público no puede ser incautada, interrumpida o apropiada ni por el sector público ni por particulares.
Reconocer que el ejercicio del periodismo es una actividad del interés público porque en esta actividad descansa la responsabilidad social de captar, procesar, editar, analizar y difundir la información de manera continua.
La CDP desde su fundación en 2010, ha documentado, al igual que otras organizaciones civiles, agravios a colegas y a la Libertad de Expresión y así como la violencia extrema que enfrentan. Hemos denunciado las agresiones en contra de trabajadores de medios de comunicación que cometen agentes del Estado y sus aliados, como es en este caso, representantes de empresas de medios de comunicación, con lo cual el binomio Prensa-Estado no se ha diluido desde el siglo XX a pesar de que la sociedad del Siglo XXI exige otro tipo de periodismo y relaciones transparentes entre instituciones gubernamentales y empresas de medios de comunicación, ya que estas son financiadas, en su mayoría, con recursos públicos que deben estar sujetos al escrutinio de la sociedad.
Cada agresión a una trabajadora o trabajador de los medios de comunicación es un atentado a la democracia, pero también una oportunidad para la búsqueda de nuevos espacios y formas creativas de ejercer el periodismo y un reto para comprometernos con la profesionalización de este oficio para la defensa de los trabajadores de los medios y para hacer realidad el derecho a la información que tienen las audiencias.
Ante el clima de violencia que vive nuestro pueblo y el gremio, exigimos:
¡La reinstalación de los periodistas despedidos de MVS
y el respeto a la Libertad de Expresión en México!
¡Porque se respete la vida de nuestros colegas!
Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Judith Calderón Gómez
Presidenta
Spanish