Said Hernández
Luego de la rebelión de jornaleros en San Quintín, Baja California, el cual dejó un saldo de 236 personas detenidas en el momento que protestaban para exigir a las autoridades de ese Estado, respeto a sus derechos laborales, así como un salario digno. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), solicitó mediante escrito al Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana californiano, Arnulfo de León Lavenant, salvaguardar las prerrogativas fundamentales de los oaxaqueños privados de su libertad.
Así mismo, el ombudsman explicó en comunicado de prensa, que existen 40 mil oaxaqueños trabajando en condiciones de esclavitud y que son originarios de las regiones de la Mixteca, Triqui y Valles centrales, dentro de los que destacan un número indeterminado de menores de edad.
Bajo el expediente DDHPO/CA/360/(01)/OAX/2015 la DDHPO inició la documentación para determinar si existe abuso de las autoridades al momento de su detención, así como, las condiciones actuales de los jornaleros que se encuentran en prisión.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría del Trabajo puso una línea de atención gratuita (01 800 730 8726) para que las familias que tengan familiares en la zona del conflicto, puedan comunicarse.
Hasta el momento, el Gobierno de Baja California, mantiene “toque de queda” para evitar disturbios en torno al caso.
Sin embargo, algunas organizaciones sociales critican la falta de relación entre ambos gobierno para resolver el conflicto que mantienen campesinos oaxaqueños en el Norte de México.
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