Miradas de Reportero / Por Rogelio Hernández López
Socarrones o hipócritas. ¿Cómo interpretar a los servidores públicos que incumplen conscientemente su responsabilidad de frenar los distintos tipos de violencia contra periodistas?
Tal interrogante me asaltó el 25 de enero y reapareció el 23 de marzo mientras veía con atención el segundo reporte del año sobre agresiones al periodismo en México.
Lo que sí está claro es que la mayoría absoluta de los agravios ocurre en los estados de la república. Eso comenzó desde el gobierno de Vicente Fox hace 15 años; la cuantía de hechos denunciados públicamente aumenta año con año y, cada vez más, los agresores son servidores públicos de las entidades.
Me puedo imaginar a varios gobernadores que en privado se burlan de los periodistas cuando les informan de otra golpiza, o amenaza, o de obstrucción a su trabajo. Lo que sí hacen todos en público es decir o fingir preocupación, pero en los hechos, ellos y sus procuradores hacen muy poco para frenar las agresiones y hacen menos para castigarlas.
LOS DATOS DESDE FREEDOM
El 25 de enero, varios colegas apoyados por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas ofrecieron un resumen de hechos que obstruyen el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Celia Guerrero, de Periodistas de a Pie y Javier Garza presentaron una nueva plataforma para actualizar permanentemente el Mapa de agresiones a periodistas. En un impreso de 16 páginas aseguraron haber registrado 209 agresiones de diciembre de 2012 a diciembre de 2014.
Las agresiones físicas en ese lapso fueron 143 casos; de los cuales 64 involucran a policías de los tres niveles de gobierno, así como militares. En 46 casos fue cuando cubrían manifestaciones sociales y en 11 de estos hubo también daño o destrucción de equipo. En 27 casos se reportaron detenciones arbitrarias, no sólo durante coberturas, sino también cuando los periodistas salían de su lugar de trabajo o en la calle.
En este lapso hubo 13 ataques con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios de comunicación. En cuanto al homicidio, el más extremo de los ataques a la libertad de prensa, ha ocurrido en 13 ocasiones durante la actual administración de Peña Nieto. Datos de Freedom House.
ARTÍCULO 19 AMPLÍA
El 23 de marzo, la organización de origen inglés, Artículo 19 amplió más los datos. Utiliza un sistema de registro y de análisis diferente e incluye documentalistas de organizaciones de derechos humanos y blogueros. Por eso es que sus cifras aumentan, especialmente en el Distrito Federal:
“Durante 2014 logramos documentar 326 agresiones, únicamente cuatro menos que el año anterior”, anotaron los redactores del reporte al que llamaron Estado de censura. El total en los dos años fue de 648 registros de agresiones en los dos primeros años de Enrique Peña Nieto, 10 fueron asesinatos.
De los fenómenos más recientes en este largo ciclo de agresiones no frenadas, Artículo 19 reportó que “los ataques contra la prensa en el ámbito digital han crecido considerablemente durante el último año”.
“Durante 2014 registramos 59 casos de hostigamiento o amenazas a través de redes sociales u otras plataformas. Asimismo, documentamos 12 ataques directos contra portales de información…”
Lo que se corrobora en ambos informes es que “los periodistas son agredidos principalmente por servidores públicos…. En 2014, el 56 por ciento de los responsables de los ataques fueron funcionarios”.
“En este contexto, en el gobierno de Peña Nieto ha habido más agresiones de policías. De 2013 a la fecha, en promedio al año, 150 periodistas fueron atacados físicamente, 48 fueron amenazados, 46 intimidados y 41 detenidos arbitrariamente por elementos de la fuerza pública”.
Esta vez incluye un apartado sobre la publicidad oficial como un método de censura indirecta, es decir de violencia soterrada.
POR ENTIDAD FEDERATIVA
En cuadro anexo o en el sitio web de Artículo 19 se puede observar el registro de agresiones por entidad, donde Veracruz, Guerrero y Oaxaca se colocan como las entidades donde más agresiones ocurren directamente contra periodistas.
Pero las cantidades mayores registradas fueron en el Distrito Federal y Quintana Roo por agresiones contra la libertad de expresión de manifestantes, documentalistas o activistas de Ongs y reporteros al mismo tiempo. Estas zonas habían sido de menor riesgo en los registros de otros años.
¿AHORA SI HARÁN CASO LOS GOBERNADORES?
Todos los reportes de agravios que hacen organismos internacionales y nacionales (unas por mes, por trimestre, por semestre o por año), desde 2006 terminan con exigencias, propuestas y recomendaciones a las autoridades de todos los niveles.
Hay indicadores de que las resistencias que había en el gobierno federal han sido vencidas y se han producido leyes e instancias de protección que no existían. Al respecto Artículo 19 precisa los avances y las debilidades actuales:
“En México existe uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo…se cuenta con una ley federal, un mecanismo de protección y una fiscalía “especial” para proteger a la prensa (no dice pero en este sistema toma en cuenta a la CNDH para sus recomendaciones). Es decir, el Estado mexicano cuenta con todas las herramientas legales para garantizar la libertad de expresión….”
Sin embargo, dice Artículo 19, la violencia contra la prensa sigue creciendo. La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa…No parece haber la voluntad suficiente para lograr un cambio significativo que permita a México dejar de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Y yo agregó que la falta de voluntad política se nota ahora mucho más en las entidades federativas. Del total, 31 gobiernos comenzaron a firmar desde 2012 un convenio- compromiso para prolongar en todo el territorio el mecanismo federal de protección y han incumplido. Más aún, ellos y sus congresos, salvo contados casos, tampoco acatan la Constitución política del país y las de cada estado que les obligan a proteger derechos fundamentales como son el de acceso a la información y los de expresión, cuyos instrumentos y usuarios mayores para la sociedad son los medios y los periodistas.
No es mucho lo que Gobernadores y Congresos locales tendrían que hacer:
* Reconocer pública y contantemente la importancia que tiene para el interés público el ejercicio del periodismo;
* Promover legislaciones estatales de protección integral al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión con mecanismos en los estados para facilitar la coordinación con el mecanismo de protección federal;
* Promover la derogación en los códigos penales de los delitos contra el honor en 11 entidades;
* Atender toda denuncia de agresión por medio de agencias especializadas del Ministerio Público y perseguir los delitos hasta lograr consignaciones y condenas;
* Promover la derogación de los delitos de “halconeo” previstos en 6 estados;
* Protocolos y capacitación para que personal judicial y de las fuerzas de seguridad respeten y protejan el trabajo de los periodistas;
* Y aceptar, de una vez por todas, las necesarias leyes estatales para normar y transparentar el gasto público en materia de publicidad oficial.
¿O seguirá campeando la socarronería?
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El autor es reportero desde 1977. Especializado en investigación. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Ex Consejero del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Segob y Ex Coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo. Email: rogeliohl111@gmail.com
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