La tortura en México no es un fenómeno aislado, pues está relacionada con delitos y violaciones graves a los derechos humanos como la desaparición forzada, la trata de personas o el feminicidio, entre otros, señaló Ernesto Cárdenas Villarello, coordinador de la Campaña para Prevenir la Tortura del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
En entrevista al término del taller sobre “Tortura y violencia de género”, impartido al personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Cárdenas Villarello dijo que es fundamental visibilizar la tortura en nuestro país, porque comienza desde el momento mismo de la detención de una persona por representantes de la autoridad, y la impunidad de éstos permite su continuidad.
El especialista agregó que en México los casos de tortura no se investigan porque la autoridad no los reconoce, y por ende, no admite su existencia, dando lugar a que los servidores públicos responsables de cometer este delito queden en la impunidad, con lo cual fomentan el contexto para que la tortura sea una práctica continua en todo el país.
Cárdenas Villarello, certificado en la investigación del tema por la Organización de las Naciones Unidas, puntualizó que durante los tres años que llevan trabajando con la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, en México han encontrado que no sólo las autoridades pueden realizar esta práctica, sino que particulares han cometido estos actos con el consentimiento de la autoridad.
El especialista subrayó que durante la realización de la campaña en más de 15 entidades del país, han encontrado casos en los cuales la práctica de la tortura no tuvo un fin o motivo específico, y pudieron constatar que en México cualquier persona puede ser víctima de tortura, desde un joven, una persona que acude a denunciar delitos ante las autoridades, mujeres y otras personas, entre las cuales son especialmente sensibles los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad.
El entrevistado indicó que el marco jurídico en México para investigar y sancionar la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades, emplea un estándar probatorio demasiado alto, se enfoca más a las lesiones físicas, pone énfasis especial en el objetivo, y no considera la intervención de terceros o particulares.
Destacó que en un lapso de diez a quince años que el país tiene manejando el estándar para tipificar la tortura, las autoridades no han podido consignar ni a cinco personas por este delito, sino sólo a dos o tres. Esto es grave, añadió, pues la proporción de denuncias por este delito rebasa los miles; por ello es urgente reenfocar el método para investigarlo.
Cárdenas Villarello destacó que la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura en México ha tenido avances, pues en al menos seis entidades la tortura ya ha sido colocada en la agenda de discusión pública, y si bien no es plenamente reconocida, al menos una parte de la comunidad ya se preocupa sobre el tema.
El activista e integrante de Insyde explicó que la campaña, al identificar el contexto de la tortura en México, promueve un método que permita entender esta práctica en términos más amplios, por ejemplo, considerando no sólo el daño físico sino los efectos psicológicos sobre la víctima, además de incluir la intervención de particulares y abarcar las torturas que no presentan un fin específico.
El investigador insistió en la urgente necesidad de ampliar y modificar el estándar para investigar y sancionar la tortura, y que para lograrlo es fundamental que tanto servidores públicos, la sociedad civil organizada y la población en general reconozcan que la tortura es una violación grave a derechos humanos.
El enfoque de derechos humanos permitirá poner en el centro de la discusión y las leyes a las personas afectadas, las víctimas, pues este fenómeno atenta directamente contra la dignidad e integridad humanas, pero este enfoque de derechos permitirá combatir la impunidad, concluyó Cárdenas Villarello.
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