Por Rogelio Hernández López
Periodistas, el tema nos atañe. Participemos en el debate sobre la libertad de expresión al que invocó la poderosa Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). Ya hay dos posturas muy claras y sí, tienen relación con el ejercicio libre del periodismo.
La CIRT Acusa que en el actual modelo de comunicación político electoral hay sobrerregulación legal para los medios de comunicación y que eso inhibe la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo y el derecho a saber de la gente; demanda eliminar la prohibición de contratar espacios en tiempos electorales.
La Asociación Mexicana del Derecho a la información (AMEDI) responde que los empresarios de la radio y la televisión quieren eliminar la gratuidad y la equidad de la propaganda electoral y con ello beneficiar a candidatos y partidos con más recursos para afectar lo avanzado en el derecho a la información porque, en el fondo, lo que defienden es recuperar los casi 2 mil millones de pesos que ya no obtienen desde 2006.
EL MENSAJE DE LA CIRT
El miércoles 25 de noviembre concluyó la 57º semana anual de la Radio y la Televisión. Édgar Pereda Gómez el presidente de la Cámara expuso su exigencia ante Enrique Peña Nieto, el invitado de mayor rango político. Debe cambiar dijo, el actual modelo de comunicación político electoral porque propició la espotización (repetición de spots de partidos y candidatos) que la sociedad rechaza, aseguró:
“En días recientes se ha comentado frecuentemente la necesidad de actualizar el modelo de comunicación política- electoral.
“La norma que tenemos actualmente aleja a los ciudadanos de los procesos electorales; prueba de ello, son los datos que ha dado a conocer la OEA y la Latínbarómetro, en los que señala que de todos los países de América Latina, en México es donde hay mayor insatisfacción con su sistema democrático.
“Las miles de estaciones de radio y televisión que represento han hecho, desde 2007, un cumplimiento puntual de la Ley Electoral. Como testigo de ello están los monitoreos que hace el INE de las transmisiones de millones de spots, y las auditorías que hacen a programas de información y entretenimiento.
“Hoy, a un año de su aprobación, las audiencias reportan un mayor rechazo a la espotización que hacen los partidos políticos. Pero, además, la libertad de expresión de cientos de comunicadores ha sido anulada mediante la instauración de procedimientos especiales sancionadores por el INE y el Tribunal Electoral, en donde, al igual que en la Inquisición, los acusados tienen que probar su inocencia.
“Cientos de medios han tenido que defenderse de quejas frívolas de los partidos políticos, y ningún partido político ha sido sancionado por la presentación de estas denuncias, a pesar de que la ley lo señala.
“Pero el acoso no es sólo ya en contra de la radio y la televisión, también, los periódicos y revistas han sido llamados a estos juicios especiales. Y más recientemente se penaliza a usuarios de redes sociales como Twitter y se sancionan páginas de Facebook.
“Con este modelo de comunicación electoral tan retrograda la clase política mexicana no puede construir una verdadera democracia, sólo se viene construyendo un hartazgo ciudadano….nuestro modelo de comunicación electoral ya no funciona correctamente”.
Desde el anuncio de esa semana el portal oficial de la CIRT anunció que convocaba a un debate sobre la libertad de expresión en México. Y al final de ella, Emilio Nazar, Segundo vicepresidente leyó el comunicado final sobre libertad de expresión, donde refrenda el modelo que defienden
Al Estado no corresponde otorgar esa facultad como una dádiva, sino vigilar que nada se interponga en el ejercicio de ese derecho de expresión, cuidando que los medios por los cuales la sociedad se expresa, se mantengan económicamente autónomos, sanos en su infraestructura y protegidos contra disposiciones que frenen su desarrollo…”
PRIMERA REPLICA
Al día siguiente, el 26 de noviembre, por la Asociación Mexicana del Derecho a la información (AMEDI) su presidente Jorge Fernando Negrete reaccionó y concentró sus argumentos en la intención empresarial de recuperar el pastel publicitario perdido en tiempos electorales.
“Los radiodifusores privados –señaló– aprovecharon su reunión anual de industriales para insistir en su petición de revertir lo logrado en la reforma electoral de 2007 y retroceder al modelo de comunicación política basada en la compra de espacios y spots en los medios electrónicos tradicionales.
(…) Si bien la reforma de 2007 y 2008 limitó el derecho de contratación y venta de partidos, particulares y medios, respectivamente, garantizó la libertad de expresión porque salvaguardó el
derecho de los partidos de informar a la ciudadanía sin necesidad de utilizar recursos públicos para pagar por aparecer en las trasmisiones de radio y TV. (…)
“El esquema de “spotización” de la política merece una discusión más amplia sobre la mejor manera de fomentar el debate y la deliberación de ideas durante los procesos electorales, el actual modelo de comunicación política que prohíbe la contratación de tiempos en radio y televisión sigue siendo vigente y debe conservarse en los términos como está previsto en los artículos 41 y 134 constitucionales. (…)
“La gratuidad de la propaganda electoral en procesos de elección popular es una práctica común en democracias desarrolladas donde el dinero no determina la relación entre política y medios de comunicación. Estos últimos están obligados a dar un trato equitativo a todas las fuerzas políticas, a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos para conocer y contrastar las ofertas electorales. Incluso en modelos electorales como el francés, son los medios y no los políticos los que están sometidos a un estricto régimen regulatorio y de sanciones.
“Durante la elección federal de 2006, la última que permitió la compra de espacios en los medios electrónicos, el trasiego de recursos públicos a las tesorerías de los canales de televisión y estaciones de radio fue de mil 984 millones de pesos, equivalente a 47 por ciento del total del financiamiento público de los partidos en 2006 (4,171 mdp). Esa es la cifra que los radiodifusores privados buscarían recuperar como parte de sus ingresos y modelo de negocio en procesos electorales. (…)
“La democracia electoral no debe ser vista como un negocio de las televisoras y radiodifusoras. Estas empresas tienen concesionado un recurso propiedad de la nación que es el espectro radioeléctrico, el cual cumple una función de interés público y beneficio social. Como tal, este recurso debe utilizarse en todo momento para que los ciudadanos ejerzan su libertad de expresión y derecho a la información”.
El mercado de la información que quiere recuperar cabalmente la CIRT, opino yo, si tiene que cambiar porque ha permitido la hiperconcentración dela propiedad y de los ingresos, lo que produjo alta vulnerabilidad de medios de comunicación pequeños y medianos así como de un amplio sector de periodistas y restringió verdaderas opciones informativas. El debate seguirá. Los periodistas tenemos mucho que aportar para fortalecer nuestro ejercicio más libre.
#Columna Miradas de Reportero.
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