Estados Unidos ya cumple una de las más escandalosas promesas del presidente Donald Trump: deportar a millones de personas en situación migratoria irregular. El gobierno mexicano jura estar preparados par el reto, pero en ciudades fronterizas, como Tijuana, a donde llega la mayoría de los expulsados, no creen en ese discurso. Aquí una bitácora de viaje a la cruda realidad de los expulsados en la era Trump
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- “Es una vergüenza que los que mandan remesas a México, cuando son deportados, no tengan un programa integral para ellos”, expone José María García, hablando justo al lado del “Calexico West”, la puerta de entrada a Calexico, California.
El coordinador del albergue Juventud 2000 vino desde Tijuana para la protesta de este 2 de febrero, en el aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe en 1848. En esa fecha México cedió casi la mitad de su territorio a los Estados Unidos.
El Hotel Migrante, en Mexicali, y la organización Ángeles sin Fronteras, en Calexico, organizaron la manifestación. Han colgado mantas gigantes con la cara de Donald Trump y lemas como: “Devuelve lo que nos robaron”.
Sergio Tamai, coordinador del Hotel Migrante, que hospeda cientos de migrantes en el centro de Mexicali, organizó la acción y ofrece entrevistas a la prensa local.
También es Día de Candelaria y por supuesto hay tamales. Es la una de la tarde y el sol del desierto ya calienta las sillas de plástico.
Platico con Jaime Rodríguez. Pelón, con ojos claros, Jaime nació en Jalisco pero sus papás lo llevaron a los cinco años a California. Ahora tiene 38 y está de vuelta en México.
Fue deportado, y cuando intentó regresar fue detenido en el desierto. Eso ocurrió en 2012. Por tratar de entrar nuevamente, recibió una condena de cinco años de prisión.
Me dice que en ese tiempo leía tres libros cada semana y empezó a estudiar japonés por su cuenta. Por fin salió a medianos de enero pasado. Cuando hablamos, tenía dos semanas de este lado de la frontera. Hablamos en inglés, aunque todos alrededor hablan en español.
“Me dejaron en Tijuana pero ya era noche,” explica durante la protesta. “Sabía que está peligroso en Tijuana y agarré un taxi directo a la central de camiones”.
Vino a Mexicali y llegó al Hotel Migrante.
Tiene cinco hijos en Estados Unidos. Vivió en California, Carolina del Norte, Ohio. Sus padres y hermanos están en Ontario, California.
Ya tiene un trabajo en un restaurante en el centro de Mexicali y quiere ahorrar para rentar un cuarto y salir del Hotel Migrante. Está acostumbrándose a su nueva realidad y se ríe cuando saca su celular.
“Mira, ni sé cómo usar un celular ‘touch-screen’”, me dice. “Nunca tenía uno antes de que me metieron a la cárcel”.
Las personas que cruzan en automóvil la frontera con Estados Unidos casi no voltean a ver la manifestación. Una señora que conduce un auto Jaguar empieza a tocar su claxon y grita cuando se acerca, “¡Ya váyanse de aquí! Yo soy de Mexicali, ustedes no. Mexicali no es un tiradero”.
La locomotora Trump
Un tiradero. Mientras en la frontera se mantiene esta tensión, en Washington Donald Trump sigue en lo suyo. Un mes después de asumir el gobierno, el 21 de febrero, el magnate firmó una nueva orden ejecutiva para acelerar la deportación de personas en situación irregular en su país.
Y para conseguirlo recurre al viejo “Proceso de Destitución Acelerada” que permite deportar inmediatamente a quienes no comprueben haber estado dos años seguidos en Estados Unidos.
Esta norma sólo se aplicaba a los migrantes detenidos dentro de un área de 160 kilómetros al norte de la frontera con México: la mayoría de ellos.
Pero ahora se aplicaría en todo el país. Además, según el decreto presidencial, cualquier persona sin documentos migratorios que pareciera sospechosa a los agentes de migración puede ser deportada. Entre los sospechosos Trump incluye a cualquier migrante que haya incurrido en faltas menores, como cruzar una calle con semáforo en rojo.
Y además, en su orden ejecutiva reciente, el magnate ordena devolver a los migrantes irregulares detenidos en su país al sitio por donde entraron a Estados Unidos. En términos reales eso significa que México –por donde cruza el 99 por ciento de los migrantes irregulares- está obligado a recibir a todas las personas a quienes Trump considera indeseables.
En guardia por deportaciones masivas
Esta nueva realidad empieza a reflejarse en Mexicali y la ciudad vecina Tijuana. Allí las deportaciones, de cualquier tamaño, no son nada nuevo. Mientras los políticos dicen que es el momento de “unirnos como mexicanos” y apoyar a los migrantes en Estados Unidos, la realidad los rebasa.
El apoyo del Instituto Nacional de Migración a los deportados no va mucho más allá de un sandwich cuando llegan, y quizás ayudarles a comprar un boleto de regreso a su pueblo.
Es una realidad que el resto de México tendrá que enfrentar en los siguientes meses y años bajo Donald Trump. Si las primeras semanas de su presidencia son un indicador, parece que el presidente de Estados Unidos sí va a cumplir con su promesa de campaña de deportar millones de migrantes indocumentados.
Las organizaciones civiles de Tijuana y Mexicali dicen que el gobierno mexicano no está preparado para recibir la llegada de miles de deportados. Actualmente los albergues ya están sobresaturados.
Las deportaciones masivas son obra del presidente Barack Obama. Entre 2009 y 2016, los ocho años de su gobierno, un millón 860 mil mexicanos fueron deportados según cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Además de los mexicanos en total fueron deportadas alrededor de dos millones 750 mil millones de personas.
En promedio se expulsaban 230 mil mexicanos al año. Las deportaciones eran a poblaciones fronterizas y a Ciudad de México, pero Baja California recibe por lo menos una tercera parte de todos los deportados. Eso significa que todos los días llegaban entre 100 y 300 migrantes a Tijuana durante las dos administraciones de Obama.
Trump ha dicho que va a deportar tres millones de personas en los cuatro años de su gobierno. Eso sería el mismo número de expulsiones que realizó Obama en ocho años.
Haitianos, el problema que crece
El albergue Juventud 2000 está en la Zona Norte de Tijuana, a pocas cuadras del muro fronterizo e inmerso en una de las zonas más conflictivas de la ciudad. El coordinador, el poblano José María García, también llegó a Tijuana como migrante hace treinta años, y hace cinco nació el refugio.
Actualmente están alojados entre 210 y 220 personas, 170 de ellos haitianos. La mayoría se quedan en tiendas de campaña, expuestos al frío de las noches invernales.
Desde que empezaron a llegar haitianos a la ciudad en cantidades grandes el verano pasado, Juventud 2000 ha estado lleno todas las noches. En los últimos meses, dice José María, llega un promedio de 180 deportados al día a Tijuana.
La historia es la misma en la Casa del Migrante, fundada en 1987 por la orden de los misiones de San Carlos Scalabrinianos. El coordinador, Gilberto Martínez Amaya dice que el cupo es 140 personas, pero en los últimos meses alojan hasta 220 personas.
Ahora se encuentran 130 personas en el albergue, porque los coordinadores quieren asegurar que haya espacio suficiente para nuevos deportados. En las noches siempre hay camas disponibles porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) entregará un grupo de deportados alrededor esta noche.
Más que el muro fronterizo, que ya existe en Tijuana desde los años 70, la preocupación más grande del activista es el aumento en las deportaciones. Cada vez son más los haitianos que deciden quedarse en México, porque con el gobierno de Trump temen ser expulsados de Estados Unidos.
Se estima que actualmente hay entre 4 mil y 5 mil haitianos en Tijuana. Si empiezan a aumentar las deportaciones de mexicanos no habrá espacio para alojarlos en la ciudad.
“La única característica es que no hay un control”, dice Martínez Amaya. “Desde que empezaron a llegar haitianos en mayo, ha sido mucho el desgaste físico, económico, y mental. No hay un trabajo serio del gobierno, todo es desde la sociedad civil”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja en Tijuana el 30 de enero. El Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria registró el documento y sostiene que hay una falta de estrategia del gobierno federal para atender a los haitianos y africanos en Tijuana y que se espera un aguzamiento de la situación con la llegada de más deportados.
Sin embargo, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, dijo que la queja es “desinformada y sin fundamento”.
El mismo Figueroa aseguró a la prensa local acerca de las deportaciones que “no estoy particularmente alarmado, esto ha sido una regla permanente en la relación México- Estados Unidos, no es nuevo”.
Trump se alista a acelerar las deportaciones
A pesar del descuido de las autoridades mexicanas, todo indica que el discurso de campaña de Trump rápidamente se convierte en realidad. La orden ejecutiva de inmigración decretada el pasado 25 de enero, tiene tres elementos que pueden provocar aumento en las deportaciones de mexicanos y otras personas en situación migratoria irregular.
Primero, la orden considera que cualquier persona indocumentada sospechosa de cometer un crimen podría ser deportada, independientemente de si fue o no condenada por la acusación.
Segundo, la orden reactiva dos programas cancelados que aumentan la autoridad de policías locales para colaborar con oficiales federales de inmigración. Los programas se llaman “Comunidades Seguras” y 287(g).
Tercero, la orden dice que se pueden recortar los fondos federales para las “ciudades santuarios”, poblaciones donde las autoridades locales no realizan inspecciones migratorias ni colaboran con las acciones de ICE.
Si esta decisión prospera los migrantes irregulares que viven en esos lugares están en riesgo.
Desde los primeros días de febrero organizaciones civiles estadounidenses están preocupadas por una oleada de detenciones, aunque el ICE asegura que son acciones “de rutina”.
Cerca de 700 personas fueron detenidas entre el 6 y el 10 de febrero en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York. Durante 2016, solo se detenían en promedio a 250 personas en redadas cada semana.
Hay casos emblemáticos que preocupan a la comunidad migrante. El primero es de la mexicana Guadalupe García de Rayos, de 36 años de edad, quien vivía en Phoenix, Arizona. Desde 2008 tenía un orden de deportación que estaba suspendida porque su caso era considerado “de baja prioridad” por el gobierno de Obama.
Pero debía asistir regularmente a oficinas de ICE para verificar su caso. En cada ocasión no tuvo problemas hasta el pasado 8 de febrero, cuando fue detenida y deportada, a pesar de las protestas de sus hijos y activistas.
El otro caso es Daniel Ramírez Medina, de 23 años, residente en Seattle, Washington. Fue detenido en su casa a pesar de ser parte del programa conocido como “DACA”, una especie de amnistía para los jóvenes estudiantes que llegaron a corta edad a Estados Unidos. A estos chicos se les conoce como “Dreamers”. Daniel sigue detenido. Otro Dreamer, Josué Romero, un hondureño viviendo en San Antonio, Texas, fue detenido el martes y liberado bajo condiciones el jueves.
Trump no había tomado acciones sobre el programa, pero la detención de Daniel y Josué son precedentes que preocupan a las 750 mil personas beneficiadas con el DACA.
La foto de Peña Nieto
Desde la victoria de Trump en noviembre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció un plan de acción con once puntos destinado a los mexicanos en Estados Unidos, pero que según organizaciones civiles olvida a los deportados.
Un comunicado de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (Apofam) y Mujeres en la Migración advierte: “La protección que México debe otorgar tiene que ir más allá de su población en el exterior. Su estrategia debe incluir la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, y las y los mexicanos de retorno”.
A su vez el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se destinarían mil millones de pesos para reforzar a los consulados mexicanos en Estados Unidos, una decisión que critica el coordinador del albergue Juventud 2000, José María García.
“¿Por qué Peña Nieto no mandó dinero acá? Ya empezaron las deportaciones. Y no manda nada de ayuda a los estados fronterizos.”
Ante el desinterés de las autoridades, desde la sociedad civil surgen nuevas iniciativas para recibir los deportados de manera integral.
La agrupación Atención Integral a Deportados en Tijuana (AID) asegura que ofrecerá “atención psicológica, acompañamiento espiritual, trabajo social, asesoría médica y legal, orientación laboral y de vivienda y talleres lúdico-culturales” para un grupo de deportados.
Y en la Ciudad de México el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, junto con Apofam mantienen la estrategia “Retorno CDMX” que incluye asistencia para encontrar hospedaje, asesoría para buscar trabajo y otros servicios de manera voluntaria.
El pasado 7 de febrero Peña Nieto recibió en el aeropuerto de la capital mexicana a un grupo de deportados, a quienes abrazó y prometió ayuda. Pero después de tomarse la foto, todavía no hay un plan integral que realmente ayude a los deportados en la era Trump.
Spanish