Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
El asesinato del colega veracruzano, Cándido Ríos Vázquez, destapó al menos tres anomalías del presuntuosamente llamado sistema de protección a la libertad de expresión:
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de gobernación festinó que no fue ultimado por ser periodista. Al anticipar un imaginativo móvil del crimen, transgrede las normas del nuevo sistema penal acusatorio que debe basar sus juicios en resultados de la investigación criminalística.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien el 20 de agosto cumplió cien días como fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (FEADLE), reveló a la Cámara de Diputados que únicamente tiene abiertas siete investigaciones por el delito de homicidio contra periodistas. Esto a pesar que se tienen registros de al menos 59 asesinatos en este sexenio, 13 de ellos en este año. El novato fiscal mostró la inutilidad mayor de la Feadle: cinco investigaciones nada más, porque al parecer él tampoco sabe aplicar las normas penales que derivan del artículo 73, fracción XXI de la Constitución, que lo facultan para atraer casos de agresiones contra periodistas así sean del fuero común.
Un subsecretario que transgrede la ley, un fiscal que no la quiere aplicar e, igual de preocupante es la anomalía que asomó del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Los periodistas y defensores del Consejo Consultivo del Mecanismo, la mañana del jueves 24 de agosto advirtieron en un comunicado de la falla:
“Cándido Ríos Vázquez se convierte en el primer periodista con medidas de protección vigentes que es asesinado”. Él era sujeto de un plan de protección de la Segob.
Escenario horrido
No hace mucho, en la tercera semana de mayo el presidente Enrique Peña Nieto anunció medidas para reforzar lo que en adelante comenzarían a llamar presuntuosamente sistema nacional de protección a la libertad de expresión. Entre otras se entregaría mayor presupuesto al mecanismo, a la fiscalía, se crearía un red de instancias de protección con todos los gobernadores, se capacitaría a las personas involucradas…. pero, siguieron las agresiones y los crímenes.
Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación recordó a periodistas que la organización Artículo 19 documentó que de enero a junio ocurrieron 276 agravios, que cada 15.7 horas era agredido un periodista en México.
Para contextualizar más, hay que recordar que el peor registro de crímenes contra periodistas fue en el sexenio de Felipe Calderón con 63 víctimas. Falta muy poco para que ese horrido saldo sea superado porque hay varios registros civiles con 59 asesinatos de diciembre de 20112 a la fecha, es decir en 16 meses que faltan para el retiro de Peña Nieto, de no hacer algo efectivo de a de veras nos podrían asesinar a tres colegas más. Recordemos que
van trece ultimado en este año.
1. Cecilio Pineda (marzo 2). Guerrero.
2. Ricardo Monlui (marzo 19). Veracruz.
3- Miroslava Breach (marzo 23). Chihuahua.
4. Maximino Rodríguez Palacios (Abril 14) Baja California Sur.
5. Juan José Roldan (Abril 17). Tlaxcala
6. Filiberto Álvarez (abril 29). Morelos.
7. Erik Bolio (mayo 1). Puebla.
8.- Javier Valdez (mayo 15). Sinaloa.
9.- Jonathan Rodríguez (mayo 15). Jalisco.
10. Salvador Adame (Junio 14). Michoacán.
11. Edwin Rivera Paz, hondureño (julio 10). Veracruz.
12. Luciano Rivera (Julio 31) Baja California.
13. Cándido Ríos Vázquez (agosto 22). Veracruz.
La falla
Sobre el asesinato de Cándido, el subsecretario de Gobernación, , Roberto Campa hiló respaldó su dicho que no fue asesinado por su ejercicio profesional, con la insinuación de que se encontraba en lugar y momento accidentales, porque los objetivos para ultimar eran otros:
Campa dijo: “Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del mecanismo, tiene que ver con el riesgo de otras personas que perdieron la vida el día de ayer”, afirmó.
Pero esa versión no la aceptamos varios periodistas porque es un hábito policiaco de juzgar a la víctima o anticipar móviles, y tampoco lo aceptó el Consejo Consultivo del Mecanismo en su comunicado:
El texto dice, en sus partes definitorias:
“El Consejo Consultivo expresa sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas de Cándido Ríos Vázquez y exige a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno una investigación pronta y expedita, que lleve al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los motivos del crimen y la identificación y sanción de los responsables. En este mismo sentido, el Consejo Consultivo demanda considerar al ejercicio de la labor periodística como la principal línea de investigación sobre los motivos del asesinato. (subrayados de este reportero).
“Desde 2013, Cándido Ríos Vázquez era beneficiario de medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La última evaluación de su expediente se realizó en febrero de 2017. Por ello, su asesinato nos preocupa de manera particular. En los próximos días, realizaremos una revisión cuidadosa y detallada del expediente…
“Cándido Ríos Vázquez se convierte en el primer periodista con medidas de protección vigentes que es asesinado. Independientemente de los resultados del proceso de investigación en curso, su muerte implica una muy fuerte llamada de atención al Mecanismo y todos los que en él participamos.”
Firman: Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola
Tres anomalías de un mal llamado sistema nacional de protección a la libertad de expresión. Y, las que faltan de mostrarse.
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