Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Colegas ahórrense el esfuerzo de hurgar en el sexto informe de Enrique Peña Nieto lo relacionado con los agravios a periodistas. Encontrarán bien poco en los 33 párrafos que dedica al tema de protección y sólo tres medidas que debieron iniciarse seis años antes.
Si recordaremos este sexenio por los 143 asesinatos, 21 desaparecidos, 3 agresiones diarias y una impunidad del 93 por ciento de nuestros casos.
En el resumen ejecutivo algunos de ustedes sonreirán con ironía porque en los 8 párrafos que Enrique Peña Nieto dedica al tema, en la primera parte de las 357 palabras enunció los principios de gobierno que debió cumplir y no lo hizo, probablemente porque nunca entendió los significados:
“Los crímenes cometidos contra defensores de Derechos Humanos y periodistas agravian y lastiman no solamente a las víctimas y sus familiares, sino a la sociedad entera.
“Es obligación del Estado mexicano, en su conjunto, otorgar garantías a activistas de Derechos Humanos y profesionales de la comunicación para el adecuado desempeño de sus labores, especialmente ante la grave amenaza que hoy representa la delincuencia organizada.”
Hasta 2017 estimuló al mecanismo y a la fiscalía
En las 860 palabras que abarcó este tema en este informe todas fueron para asegurar que se fortaleció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las acciones que en 2018 ha realizado la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR. Y lo que describe es lo que muchos esperábamos que hiciera desde diciembre de 2012.
Informa:
“De diciembre de 2012 a junio de 2018, un total de 948 personas han estado bajo la protección de este Mecanismo; de ellas, 519 son defensoras de derechos humanos y 429 periodistas.
Y sin referir que los primeros meses del año pasado se recrudeció más la violencia de todo tipo contra periodistas en ejercicio reconoce explícitamente que hasta entonces decidió medidas especiales:
“En mayo de 2017, ante el aumento en la incidencia de este tipo de delitos, se anunciaron medidas adicionales para fortalecer la estructura y el presupuesto asignado a este Mecanismo; establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación, y consolidar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.”
Eso y nada es casi lo mismo
Si se asignó un presupuesto adicional al mecanismo y a la Feadle, pero tan poco que ya en 30 días máximos ya no podrán continuar con las medidas de protección ni atender nuevos casos, según la denuncia que hizo el 30 de agosto el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el caso del impulso que si se dio desde junio de 2017 con los gobiernos de los estados desde el mecanismo de la Segob, mejoraron el Protocolo de Coordinación entre el Mecanismo Federal y las Unidades Estatales de Protección que ya había, pero pocas entidades participaron en el rediseño; no se colectivizó el monitoreo de agresiones y elaboración de mapas de riesgo que acordaron y menos en el Protocolo Homologado de investigación de delitos, que como se reconoce en el informe apenas “se encuentra en etapa de validación”.
O sea recién se inició la coordinación con los estados, con un protocolo de acción común, en un solo monitoreo y otro protocolo de investigación pero, ya se les acabó el tiempo y ya llegaron otros gobernadores. Y dentro del mecanismo hicieron algunos cursos para el personal que no ha renunciado y siguieron haciendo evaluaciones de riesgos…
La impunidad sigue aquí
En este último y principal impulso de las dos entidades la Feadle le informó que en 2018, a pesar de tener más recursos y agentes tanto de investigación como de ministerio público fueron pocos sus avances.
En el tema de Procuración de justicia en delitos cometidos en contra de periodistas. (12 párrafos con 2 mil 269 caracteres) se destaca:
“…del sistema tradicional (de justicia), se consignaron 19 indagatorias, ejercitándose acción penal contra 25 personas (seis mujeres y 19 hombres) como probables responsables: nueve por abuso de autoridad, cuatro por amenazas, tres por daño en propiedad ajena, y tres por robo… “Bajo el SJPA se iniciaron 56 carpetas de investigación y se recibieron 17 por incompetencia interna y se determinaron 66 carpetas de investigación… Se ejerció la facultad de atracción en cinco investigaciones… – Se cuenta con 19 personas vinculadas a proceso y seis personas con órdenes de aprehensión…. En coordinación con las fiscalías y/o procuradurías estatales, se obtuvieron 23 órdenes de aprehensión en ocho investigaciones por el delito de homicidio”.
Eso es todo.
Si al menos esto que ordenó el Ejecutivo Federal en su último año hubiera ocurrido desde el principio de su administración el mensaje a los agresores (funcionarios del Estado y de la delincuencia organizada) les habría inhibido y también se hubiera creado la percepción social de que se debe respetar el ejercicio del periodismo porque es parte vital de las relaciones políticas y creación de consensos sociales. Pero no hubo quien tuviera la sensibilidad suficiente. También por esto perdieron sus espacios de mando público.
¿Ya qué se puede esperar en los 3 meses que restan a esta administración federal? Solo hay algo seguro: se intensificarán las agresiones y los asesinatos a periodistas por los vacíos de autoridad que se ahondaron desde el 2 de julio.
Colegas, cuidémonos entre nosotros.
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