Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
-”Tiene nuestro visto bueno”- dicen que dijo Jesús Ramírez Cuevas al saber que estaba integrada la propuesta de Ley General de Publicidad Oficial que él y otros morenistas pactaron que diseñara la organización de origen inglés, Artículo 19 y sus aliados. -“Solo faltan algunos cambios que podrían hacer diputados”– se completó el mensaje de anuencia.
El jueves 25 de octubre, se mostró en conferencia de prensa el texto de 12 mil 344 palabras ya madurado en 99 por ciento. Lo presentaron a nombre del colectivo Medios libres Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 capítulo México; Justine Dupuy, de Fundar; Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y algunos periodistas.
Aunque no lo dijeron expresamente, por su sentido general, esta ley en caso de aprobarse en las semanas próximas sí sacudirá el mercado general de la publicidad porque disminuiría drásticamente los montos del gasto público y porque ampliaría la cantidad de competidores al incorporar a otros sujetos sociales e individuales a esa redistribución de los convenios de publicidad en los tres niveles de gobierno en las 32 entidades de la república.
Lo primero que resalta del anuncio es la drástica reducción del gasto federal. Propone repartir una cantidad equivalente al 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, que equivaldría a unos 2 mil 640 millones de pesos en 2019, casi la quinta parte del total gastado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017.
Control a funcionarios y empresas
La iniciativa “ciudadana”, que en realidad fue trazada y monitoreada por morenistas cercanos al presidente electo, la maquetaron organizaciones no gubernamentales, algunos medios no industrializados y unos pocos periodistas. Fue una consulta real del círculo de Jesús Ramírez, muy discretamente con un segmento ciudadano bastante restringido a una sola corriente de organismos sociales, pocos medios y menos periodistas.
Eso explica en parte que la segunda esencia de su iniciativa destile severos controles para impedir que funcionarios disfracen propaganda como información pero también porque incorpora una batería de condiciones a las empresas que quieran obtener esos recursos públicos.
Las empresas que quieran ingresar al Padrón Nacional de Medios y a la Plataforma de Proveedores tendrán que sujetarse a que el Inegi (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía) sea quien verifique que cumplen con los registros y permisos de la Segob y de la SRE, que revise su presencia y alcances tanto de tirajes o rating; esperar que les autorice como proveedores la Secretaría de Hacienda; informar al INAI; transparentar abiertamente los ingresos que obtenga del sector público; contar con un código de ética, con un defensor de la información y comprobar que se apega a la ley federal del trabajo en el trato a sus trabajadores.
Más dura
Esta iniciativa asimila casi todas las pautas del proyecto de ley de propaganda que propuso el diputado Pablo Gómez hace 3 semanas pero reduce a 0.05 en lugar del 0.3 por ciento el monto que se destinaría a este gasto del presupuesto anual de egresos de la federación; esta sí le da sentido a la intervención estatal en el mercado de la publicidad al agregar nuevos sujetos económicos para el mercado de la publicidad, tales como los medios públicos, los medios electrónicos de organismos sociales, comunitarios e indígenas no lucrativos, las propuestas informativas en línea y hasta institucionaliza como sujetos económucos a individuos “influenciadores”.
Estas proposiciones en una ley también superan a la de Gómez Álvarez en bajar más los topes del porcentaje que
una empresa puede tener del gasto total; Pablo propone que ninguna empresa pueda alcanzar más del 20 por ciento, ésta lo baja al 10 por ciento; Gómez perfiló que ninguna rama (TV o radio o impresos, etc.) puede pasar del 30 por ciento y esta también impone solo 10 por ciento. Tales topes llevan dedicatoria para las grandes televisoras y cadenas de radio que en bloques se llevan cada año más del 60 por ciento del gasto público en publicidad.
Otra novedad que diferencia este proyecto al del legislador excomunista, es imponer vigilancia institucional y ciudadana. El órgano de gobierno que se encargue de aplicar esta ley tendría que informar su plan anual y ampliaciones al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), instancia que llevara el control de los planes y además se ampliará la vigilancia con un Consejo Consultivo Ciudadano federal. Esquema operativo que propone para cada uno de los estados de la federación, esto es 32 consejos de vigilancia.
Elemento, también sorpresivo, es que la ONG introducen la creación de un fondo especial de fomento que se formaría con un porcentaje del presupuesto general del gasto en publicidad. En algunos estados hay fondos de fomento para “ayudar” financieramente a periodistas, pero este extendería su beneficio a buena parte de las ONG que diseñaron la iniciativa. Proponen:
“Articulo 65. Se crea un Fondo de Fomento a la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Periodistas, cuyo objeto será proporcionar apoyos financieros a personas físicas y morales (periodistas, medios alternativos de comunicación, redes de periodistas, colectivos de periodistas y concesiones de uso social comunitarias e indígenas) que impulsen el periodismo de investigación, la capacitación a periodistas y la corresponsabilidad de las agencias de medios con la seguridad de los periodistas, con el fin de fomentar y proporcionar permanentemente la pluralidad de medios, a nivel local y nacional.” (los subrayados son de este reportero)
Según los presentadores de esta iniciativa sus intenciones son para contrarrestar:
“La falta de regulación de la publicidad oficial (que) ha permitido que ésta sea utilizada como mecanismo de censura indirecta por parte de las instituciones del Estado. (porque) Esto ha propiciado el desarrollo de redes de corrupción y el control de las lineas editoriales de medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial como medio de subsistencia.
“La garantía de la libertad de expresión y del derecho a la información se ha visto comprometida y vulnerada a causa de las malas prácticas en la contratación y promoción de publicidad en los distintos medios de comunicación. La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad, el condicionamiento de las líneas editoriales, la distribución desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, con base en los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derechos humanos.”
En los días próximos se intensificará el cabildeo del grupo de Ongs y algunos periodistas en la Cámara de Diputados para reunir algunos votos más de los que puede garantizarles el grupo cercano de Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ramírez Cuevas.
Pero a todo esto, hay algo seguro: no han opinado otras agrupaciones de profesionales de la información ni periodistas tan destacados como los pocos que invitaron ni, mucho menos, los propietarios de los medios consolidados y otros más modestos que no son bien vistos por las ONGs que no integran entre sus directivos a periodistas mexicanos. Esta legislación nos debe interesar a todos. Por eso la Alerta. Opinemos. Esta es la propuesta: file:///C:/Users/marth/Downloads/Ley%20de%20publicidad%20oficial.pdf
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