Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
De veras que dos noticias aplacaron, tantito, ese nerviosismo entre empresarios de medios y de periodistas con mini empresas de prensa que les provocaba la incertidumbre de su futuro inmediato:
–La formalización de que el gobierno federal gastará en publicidad alrededor de 4 mil 200 millones de pesos durante 2019 –lo que no es poco–
– Que ya se anunciaron los lineamientos para asignar publicidad gubernamental en medios privados y que esta asignación será a más tardar el 5 de marzo.
Lo que todos los que estamos en el medio debemos tener claro es que esa próxima repartición del pastel del gasto público en publicidad, se hará con la ley vieja, la que se aprobó a última hora del gobierno de Enrique Peña, esa que los discrepantes bautizaron como “ley chayo”.
En esos lineamientos viejos sobresale algo semi novedoso: que toda estrategia en el aparato gubernamental federal tendrá que apegarse a las políticas de comunicación social que se dicten desde las oficinas presidenciales y además ser validadas previamente por la “Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República”.
Esto es, que cualquier estrategia o cambio en ella deberá ser supervisada antes y después por Jesús Ramírez Cuevas, que así se le convierte en el primer comisario político del Ejecutivo Federal.
Con la ley “chayo-Peña”
En varios ámbitos de los medios privados y públicos –lo que incluye al periodismo–, se calculaba que en enero habría una nueva ley de comunicación social del gobierno federal para “democratizar el gasto público en publicidad”, como se decía entre propagandistas del nuevo gobierno, empero se quedaron atoradas dos iniciativas en el Congreso de la Unión:
Una propuesta fue del veterano legislador de origen comunista, Pablo Gómez Álvarez; y la segunda la cabildearon organizaciones civiles con Jesús Ramírez Cuevas y así se presentó. Ambas no avanzaron en las comisiones dictaminadoras, ni están en la agenda del segundo periodo de sesiones de la actual legislatura,
Pero como los tiempos apremian para poder ejercer ese gasto, en lugar de una ley nueva, alguien decidió que la Secretaría de Gobernación, y no la Presidencia de la República, hiciera los lineamientos necesarios aunque se basaran en la criticada ley que los priistas y sus aliados aprobaron al vapor en agosto de 2018, por mandato de la Suprema Corte de Justicia la Nación.
A esa ley, decenas de organizaciones y no pocos periodistas la calificaron como “ley chayo” porque “institucionaliza el manejo arbitrario del gasto público, facilita premiar o castigar a medios afines o adversos y reduce la información de interés público a propaganda al disfrazarla como noticias y, además auspicia la autopromoción de servidores públicos”, entre otras críticas.
En ese marco, el martes 29 de enero, casi pasa desapercibida para los públicos en general la noticia que ofreció el Diario Oficial. Ese día difundió los lineamientos que guiarán a secretarías de Estado, entidades y órganos del gobierno federal. Lineamientos que reproducen textualmente al 85 por ciento de los emitidos en 2017 y 2018.
Los nuevos lineamientos se asientan en 11 mil 235 palabras en 14 capítulos y seis artículos transitorios. Comparados con los de 2017 tienen la misma estructura (capitulados) y 252 palabras más, incluso mantiene la mayor parte de la redacción original, como se diría coloquialmente es un “corta y pega” prácticamente.
Lo que llama a preocupación es la parte que dice que la asignación de publicidad a medios privado será con los mismos criterios anteriores: “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respeto a los topes presupuestales” de las partidas 36101 y 362011.
Falta una explicación amplia de la “Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República” que garantice que, aunque no se escribió en los lineamientos también se aplicará el criterio de equidad, ese que daría pauta a que no se favorezca a ciertos medios y en cambio se reconozca como democratizadores de la información y de las opiniones a empresas medianas y chicas sean digitales, electrónicas o de impresos. Es decir que no castigue o premie por filias o fobias sino que amplíe la diversidad de la información y la opinión en medios, eso sí, de nivel profesional comprobable y con personalidad jurídica.
Y un superoperador
El gran operador –que no autorizador– para aplicar estos lineamientos será la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación (NdeC), que dependía de la subsecretaría del mismo nombre ya desaparecida. Esta dirección General será ahora equiparable en rango la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC.
Esta Dirección (la NdeC) mediará en todo trámite y gestión de coordinaciones sectoriales, direcciones o unidades de comunicación de todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Lo que significa que será el filtro mayor y el secundario será la Secretaría de Hacienda, como antes con los anteriores lineamientos, tal como se anota en los artículos cuarto, quinto, sexto, octavo y casi todo el documento. El Cuarto, dice por ejemplo:
“Las dependencias y entidades que cuenten con recursos en las partidas 36101 y 36201 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, deben elaborar una estrategia anual de comunicación social o (estrategia) de promoción y publicidad, de conformidad con la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, misma que remitirán a la Secretaría Administradora (Segob) para su registro, a través de la Dirección General de Normatividad de Comunicación”.
Y el octavo, machaca su importancia al igual que trabajará como filtro previo para el comisario político:
“Artículo 8o.- (párrafo segundo) La Dirección General de Normatividad de Comunicación no evaluará estrategias y programas anuales que no cumplan con lo señalado anteriormente, que en todos los casos, deben contar con la validación de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno Federal”, o sea del supervisor, el aval, el comisario político, Jesús Ramírez Cuevas.
En estos lineamientos, como era en los anteriores se omite establecer cuotas o porcentajes del gasto público en publicidad que tendrían los medios por rama, es decir televisión, radio, impresos, digitales y otros.
Igual que antes, con estos criterios lo que se asigne queda a discreción de los coordinadores de sector o de los directores de cada dependencia. Criterios viejos y manga ancha para operadores del gobierno nuevo.
En resumen. Para 2019 el nuevo gobierno federal no se basará en la nueva ley de comunicación prometida –de carácter general que impondría pautas para los tres niveles de gobierno– sino en viejos lineamientos.
Me parece que en la industria de la comunicación y del periodismo somos muchos los esperamos una explicación de cómo se institucionalizarán las políticas de comunicación social, más allá de las conferencias mañaneras y cuál será la nueva relación gobierno-medios-sociedad.
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