- LXI Legislatura
Ante los recientes acontecimientos que se han suscitado en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, en donde le han arrebatado la vida en una forma cobarde a Bernardo Vásquez Sánchez, representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, precisamos lo siguiente:
Solicitamos al Gobernador del Estado de Oaxaca su intervención inmediata en el presente asunto, a través de la Secretaría General de Gobierno, por ser la responsable de la política interna.
Asimismo, pedimos que instruya al Procurador del Estado a que se realice una investigación exhaustiva, la debida integración de la Averiguación Previa y se ejercite acción penal contra quienes han cometido ese homicidio; es fundamental que este hecho de violencia, como los que se han venido reiterando no queden impunes, si queremos gobernabilidad en nuestro Estado.
Por este caso particular exigimos que se garantice el respeto de quienes velan por los derechos primarios de las y los oaxaqueños; los defensores de Derechos Humanos cumplen un papel insoslayable dentro de nuestra sociedad y es obligación del Estado brindarles las garantías para que puedan desarrollar cabalmente su desempeño.
Solicitamos a las Secretarías de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal a que realicen una revisión en el procedimiento por medio del cual otorgaron la concesión a la empresa minera Cuzcatlán S. A. de C. V., en virtud de que dicho acto de autoridad ha desencadenado una serie de acciones violentas que han cobrado vidas en esa comunidad de nuestro Estado; el procedimiento administrativo ha sido señalado en varias ocasiones de ilegal; asimismo, los defensores de la tierra y el territorio han venido denunciado una serie de actos de contaminación del entorno, por parte de la empresa minera.
Las omisiones para atender esa demanda hoy han cubierto de sangre la tierra defendida y mancha a los tres niveles de Gobierno por la negligencia para atender el caso, por que, en varias ocasiones el activista asesinado alertó de las acciones beligerantes que un grupo de personas estaban realizando en la zona, sin recibir respuesta alguna.
¿Cuántas muertes más se necesitan para que se atiendan los problemas en nuestras comunidades que son señaladas como “focos rojos”?
¿Vale la sangre de un ser humano, la ganancia que genera la voraz explotación de nuestros recursos naturales?
Dos preguntas que nos llevan a condenar el uso irracional de la violencia para dirimir los conflictos sociales que se presenten en nuestro Estado y levantar un exhorto enérgico para que no sea otra averiguación archivada o reservada.
Por el contrario, exigimos que se haga presente la coercibilidad de la norma y la fuerza del Estado para castigar a quienes han arrebatado el bien jurídico tutelado más preciado, la vida, de nada sirve contar con leyes, si no existe la fuerza para aplicarlas; recordemos que el Derecho sin la fuerza, es el Derecho en su impotencia.
Hacemos un llamado a las partes en conflicto de San José del Progreso, Ocotlán, para que no sea la violencia ni las armas las que resuelvan los problemas, sino que se antepongan los medios institucionales que nos otorga el Estado para lograr una resolución del conflicto, que no sea el presente caso un detonante para generar más violencia.
Consideramos que este suceso, es una agresión que exhibe la endeble protección que se les brinda y coloca en situación de vulnerabilidad los derechos de las y los activistas oaxaqueños.
Con el presente enviamos nuestro sentido pésame a la familia de Bernardo Vásquez Sánchez.
ATENTAMENTE
Integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXI Legislatura
Marlene Aldeco Reyes Retana, Pavel López Gómez, Flavio Sosa Villavicencio, Maximino Vargas Betanzos, Carlos Martínez Villavicencio.
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