Al remover el caso del asesinato del camarógrafo norteamericano Bradley Ronal Will, vuelve a provocar inquietud entre los diferentes ámbitos de gobierno y principalmente de los actores participantes en el movimiento social del 2006.
Después de 6 años, los 26 asesinatos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han quedado en la impunidad, porque no se ha ejercido la justicia sobre los verdaderos culpables, quienes cínicamente se pasean en Oaxaca, custodiados por elementos policíacos vestidos de civil, según se ha dicho.
El 14 de octubre del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una resolución sobre Violaciones a los Derechos Humanos, por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en el año del 2006 y parte del 2007, de donde se desprende que el gobernador en turno, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos, con 7 votos a favor y 4 en contra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilizó al gobernador oaxaqueño.
Ésta resolución fue ignorada por la LX Legislatura del Estado, y contradictoriamente fue exonerado el culpable de los hechos sangrientos.
Con el cambio de gobierno, la ciudadanía esperaba que se hiciera justicia, pero a un año y medio de la actual Administración, no se ha cumplido. A pesar de tal situación, las mayorías siguen clamando justicia.
Regresando al asunto Brad Will, en las investigaciones iniciales, las autoridades mencionaron la detención de dos personas, mismas que fueron dejadas en libertad por falta de elementos.
El 16 de octubre del 2008, el simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Manuel Martínez Moreno, fue detenido como presunto culpable del asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will. Sin embargo, luego de 16 meses fue liberado por no encontrarle culpa alguna.
Ahora, podemos decir que el cuarto procesado, Lenin Osorio Ortega, se encuentra en las mismas circunstancias, ya que los abogados defensores, los familiares y simpatizantes de la APPO, califican la acción como otro caso de “chivo expiatorio”.
Si así fuese ¿Qué papel juega la justicia en Oaxaca?
EDITORIAL. Impreso en el No. 162 (EL CASO BRAD WILL) de la Revista Tucán.
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