Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Durante el gobierno de López Obrador las peticiones para protección federal de defensores de los derechos humanos y periodistas subieron a 24 en promedio mensual.
En los anexos del Segundo Informe Presidencial se define la protección de periodistas y defensores como “prioritaria y urgente”.
Allí se resalta que en 2019 creció el número de nuevas incorporaciones en 57.6 por ciento respecto de 2018 y se presume eso “demuestra la confianza de periodistas y defensores en este nuevo gobierno”.
Esas cifras indican el desborde del Mecanismo federal de protección. De 2019 a la fecha, en 20 meses, se aceptaron 482 nuevos beneficiarios (24.1 promedio mensual). A ese ritmo, al iniciar septiembre de 2020 podrían sumar ya los mil 280 y superar los 2 mil en diciembre.
Lo que no se informó es que este desborde causa presiones adicionales al Mecanismo federal porque aumentaron en mucho menor proporción el personal, el presupuesto para operaciones y el fondo de protección, y tampoco se refirió que internamente se vislumbran diez escenarios negativos que lo debilitarían más.
Reporte interno
La oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y algunas organizaciones civiles internacionales conocieron un reporte interno sobre la reingeniería institucional que se realiza en el mecanismo.
En ese reporte se advierten “diez escenarios a nivel nacional y en las entidades federativas que pueden impactar su operación”, que sintetizados derivarían de las directrices presidenciales de austeridad y de la desatención y/o indolencia de gobernadores y presidentes municipales.
Se enumeran seis riesgos posibles por la austeridad:
“1. Recorte presupuestal.
“2. Imposibilidad para la contratación de personal.
“3. Disminución de la plantilla laboral.
“4. Recursos limitados para el Fideicomiso.
“5 Recursos limitados para la realización de los análisis de riesgos.
“6. Recursos limitados para la operación de la Junta de Gobierno.
También se prevé que podría el desapego de autoridades estatales y locales con esta protección:
“7. Respuesta deficiente o nulas acciones por parte de las entidades federativas para la implementación de las medidas y generación de acciones de prevención.
“8. Posibilidad de pérdida del compromiso por parte de las entidades federativas para incentivar la creación y/o consolidación de las Unidades Estatales de Protección.
(Esta previsión adquiere sustento con el informe 2020 sobre la Libertad de Expresión que difundió en julio el Colectivo de Análisis y Seguridad, CASEDE, donde se prueba la escasez de leyes, instancias de protección y fiscalías especiales en la mayoría de las entidades de la república).
Entre los posibles escenarios que dificultarían más la reconversión y operaciones del Mecanismo se incluyen también como riesgos:
“9. Coyunturas políticas en las entidades federativas, y
“10. Proceso legislativo y modificaciones a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Su reingeniería
En el anexo del Segundo Informe Presidencial se refieren brevemente algunos cambios internos del Mecanismo federal por la reingeniería en marcha:
“Se solicitó una evaluación externa a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual derivó en 104 recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado mexicano para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección Federal.
“Para mejorar la eficiencia del Mecanismo, se detonaron acciones de atención inmediata de todas las solicitudes de intervención, incorporación expedita, preparación y elaboración de análisis de riesgo. Se utilizó una metodología que asegura un enfoque diferencial y perspectiva de género; abordaje de los casos bajo una lógica de Estado; así como el seguimiento puntual de las medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno.
Otros avances importantes al interior del Mecanismo y que se han informado a pocas personas son:
El ascenso de Jorge Ruiz del Ángel a Director General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El fungía como Director de la Unidad de Reacción Rápida e Incorporación de Casos. Ahora él encabeza la reingeniería institucional. Sus líneas de mando superiores son Aarón Mastache el Director General de la Unidad de Derechos Humanos y el subsecretario del área, Alejandro Encinas.
Operativamente se unieron en el área de protección a las unidades de reacción rápida y la evaluación de riesgos. Por ello se autorizó la contratación de algunos especialistas para reforzar esas unidades y se incrementaron los cursos y talleres de capacitación para la renovación de los protocolos y metodologías que se enuncian en el informe presidencial.
Está en tránsito también el diseño de un programa de reingeniería para la tercera unidad del mecanismo, la de Prevención que debe atender el criterio estratégico que se anuncia en el anexo del Segundo Informe de Gobierno: “La construcción de una política pública de atención y prevención es la apuesta clave para abordar la violencia advertida en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Para esto último se ha atienden también las recomendaciones de la ONU y se registra la participación de expertos de organismos internacionales como Reporteros sin Fronteras y otros.
Pero, como se advierte en el plan de reingeniería institucional son tres los factores indispensables para que pueda continuar la transformación interna del mecanismo y estar en capacidad de atender el incremento inusitado de la demanda de protección:
Que la austeridad no le impidan consumar los planes, que los gobernadores cumplan con los compromisos pactados y que ellos y las autoridades municipales pongan voluntad para frenar la violencia contra estas actividades esenciales para la paz y la libertad de expresión. Colegas, sigamos atentos.
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