Miles de chivos expiatorios del sistema político mexicano arrastran sus días en la cárceles de México, mientras que el gobierno de la 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, utiliza toda la fuerza del estado para exonerar al ex secretario de la Defensa Nacional, general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, de los cargos por los que un tribunal norteamericano debería estarlo juzgando.
Si eso sucede en un caso ampliamente difundido y con miles de horas de investigación, por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, es claro que no se llegará al esclarecimiento y castigo en casos como la masacre de Tlatlaya, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El ex secretario de la Defensa Nacional con el también represor Enrique Peña Nieto no pisarán la cárcel, mientras, la inmensa mayoría de los miles de presas y presos en el sistema penitenciario mexicano son pobres, son indígenas, son analfabetos sin defensa efectiva contra un sistema penal que los condena por ser pobres, extremadamente pobres.
Impunidad total para militares y policías que acompañan a políticos del más alto nivel en el atraco a la nación y en la comisión de delitos de lesa humanidad contra el pueblo indefenso.
Para los políticos profesionales, el arribo al poder no supone una acción de servicio a la nación, supone el medio para el encumbramiento político y económico a costa del sacrificio de millones de mexicanos que mantienen una pesada clase política a nivel nacional.
Gatopardismo y simulación es la política, simular que se limitan las operaciones de los agentes norteamericanos en nuestro país mientras 27 mil militares refuerzan el muro de Donald Trump y la Guardia Nacional se erige en el muro sur del imperio para impedir la circulación de las caravanas de migrantes centroamericanos desde el río Suchiate hasta el río Bravo.
Cárceles pestilentes para quienes son empujados por el hambre. Cárceles de la ignominia cobradas como hoteles de súper lujo mientras en las altas esferas galopa la impunidad para los Calderón, los Peña o los Salinas.
Así, pertenecer a la casta militar sigue siendo un rentable negocio para generales y oficiales de alto rango que se encargan de cubrir las espaldas de los políticos o los capos del narcotráfico mientras son parte de ese crimen organizado que es la otra pandemia que azota a los mexicanos.
Avanzar hacia una verdadera democracia y construcción de un estado de Derecho donde se promueva la educación para el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos es tarea para cada uno de nosotros. No, los políticos no vendrán a salvarnos y, el Ejército, menos. Es tiempo de lograr:
¡Paz, justicia y libertad, ya!
¡Alto a la impunidad!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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