Andrés Manuel López Obrador, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, se afana día con día en limpiar de toda sospecha el tenebroso expediente de políticos, Ejército y policías en el Caso Ayotzinapa.
76 largos meses han transcurrido de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero y el estado mexicano se empeña en la permanente y sistemática violación de sus Derechos Humanos brindando la más amplia impunidad a los autores materiales e intelectuales.
Cuando el Presidente de México alude a los “Pactos de Silencio” en el Caso Ayotzinapa, omite hablar de sus pactos de impunidad en crímenes del pasado con personajes que fueron las más altas autoridades mexicanas y con las fuerzas armadas.
Aludir a la fabricación de “La Verdad Histórica”, sin señalar las responsabilidades directas del ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y del Ejército es señal inequívoca de la responsabilidad por omisión de Andrés Manuel López Obrador.
No olvidamos que esa misma noche del 26-27 de septiembre de 2014 también fueron ejecutados de manera extrajudicial 3 jóvenes ajenos al movimiento estudiantil y 3 estudiantes de la misma Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, como parte de la embestida de la administración de Enrique Peña Nieto contra el movimiento magisterial, estudiantil y popular a nivel nacional.
El estado mexicano echó mano de campañas políticas, militares, policiales y narco paramilitares para enfrentar la insurgencia social sin que la presente administración cambie esa vieja política de contra insurgencia social que sigue menguando al movimiento social que se opone al saqueo y al neo colonialismo.
Hoy que es el Día Internacional de la Educación es necesario hacer énfasis en la urgente necesidad de justicia para el movimiento estudiantil y magisterial, necesidad de justicia que va más allá del 02 de octubre de 1968 y el 26 de septiembre de 2016 en Ayotzinapa.
Recordar que, así como los estudiantes asesinados y desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2016, muchos estudiantes perseguidos y asesinados también serían profesores.
Exigir justicia para el movimiento magisterial, estudiantil y popular es una necesidad urgente en la búsqueda de una verdadera transformación.
La auto proclamada Cuarta Transformación, 4T, encabezada por el presidente de México, no es más que un eslogan de una permanente campaña de posicionamiento político del nuevo grupo en el poder que apuesta a la permanencia con las viejas artimañas de sus antecesores.
Toca al movimiento magisterial, estudiantil, campesino, obrero, indígena y popular; a los y las periodistas honestas; a los y las defensoras de Derechos Humanos, a los millones de pobres que tenemos que sobrevivir a la pandemia y al crimen organizado, la educación revolucionaria que cambie el estado de cosas que el neoliberalismo nos sigue recetando.
La educación es la base de una verdadera transformación, educación para conocer y exigir el cumplimiento de nuestros Derechos Humanos, educación para alcanzar la justicia y contra la impunidad. Educación para conocer la verdad.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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