48 mil millones de pesos, que se sabe, tenían personajes políticos del sexenio de Enrique Peña Nieto en el paraíso fiscal del Principado de Andorra. Mientras, millones de pobres se mueren de hambre en México.
Un negro manto de impunidad protege al sistema político mexicano, impunidad brindada por quienes ahora forman parte de la denominada Cuarta Transformación, 4T, y que en su momento detentaron diversos cargos en el poder político de los tres poderes de la República Mexicana. Es decir, en el gobierno de la 4T funcionan, o no, funcionarios de administraciones pasadas.
Mario Marín, el ex “Góber precioso” de Puebla, es uno más de los viejos personajes de la política que ha sido detenido y que goza, como todos los hombres con poder político y económico en México, de beneficios procesales que a los miles de pobres en el país que son detenidos por delitos menores o fabricados no se les brindan.
La persistente lucha por la justicia y defensa de los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho arroja resultados en este caso y exhibe el uso faccioso del poder político a favor de intereses de los grupos de poder que controlan las redes de pederastia, prostitución, trata de personas y crimen organizado.
La actual secretaria de Gobernación era ministra de la Suprema Corte de Justicia en 2007 y votó en contra de que se castigara al “Góber Precioso”. Desde luego que ese y otros episodios del uso político de la justicia no le causan el menor rubor.
Ulises Ruiz Ortiz, “El Carnicero de Chalcatongo”, por los crímenes del 2006 y posteriores contra el pueblo de Oaxaca también debería estar siendo procesado, pero los acuerdos con Felipe Calderón y la clase política de aquella época le siguen otorgando impunidad al ex gobernador de Oaxaca y sus testaferros.
Impunidad que también se da a Gabino Cué Monteagudo, Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León responsables de masacres y de delitos de lesa humanidad en Oaxaca, Guerrero y Chiapas principalmente.
Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca, se acoge a ese manto de impunidad obtenido por ser hijo del también impune José Murat en el sexenio que inició con muertes y ejecuciones permanentes sin que sea llamado a cuentas, mientras, el clan Murat colocan sus fichas en el tablero de la política nacional frente a las venideras elecciones.
Mientras eso sucede en las altas esferas de la política, 500 años después de la conquista, los pueblos y comunidades indígenas, el pueblo pobre de México, sigue luchando por sobrevivir a la pandemia, a la pobreza, al saqueo y persecución permanente, al crimen organizado cómplice y parte de la clase política nacional.
Sí, a nosotros nos toca resistir, resistir y seguir luchando por mejores condiciones de vida para el pueblo de México, por un respeto verdadero a nuestros Derechos Humanos, por castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad, por un alto a la impunidad.
¡Paz, justicia y libertad, ya!
¡Alto a la impunidad, ya!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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