Se pronuncia López Obrador por la libertad del rapero Pablo Hasél recientemente encarcelado en España por injurias a la Corona y ofreció asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como si México fuera el paraíso de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos.
En México, como en otras partes del mundo, siempre ha existido la persecución y el encarcelamiento por motivos políticos, en otras palabras, en México también tenemos casos de persecución, desaparición forzada de personas, prisión política y ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos.
Basta el ejemplo de la ejecución extrajudicial de Samir Flores por oponerse a proyectos neoliberales en el estado de Morelos, para documentar un caso en el sexenio de López Obrador, sexenio en el que la impunidad sigue dejando su marca pues han pasado dos años de dicha ejecución, el 20 de febrero de 2019, sin que haya, por lo menos, el esclarecimiento del caso.
En el tema de prisión política, el injusto sistema penal mexicano convierte en carne de presidio a los millones de hombres y mujeres que no tienen dinero para comprar la justicia.
La amnistía ofrecida por López Obrador, después de casi un año de su promulgación, no ha generado una sola liberación. Se necesitan más acciones y menos palabras en cuanto a libertad de presos políticos y de conciencia. Como en tantos temas.
Los indígenas, los pobres se convierten en chivos expiatorios de un sistema que esgrime las penas de persecución y prisión política para quienes se rebelan ante la falta de políticas sociales de salud, para la generación de empleo, educativas y culturales que eleven el nivel de vida digna de las y los mexicanos.
Mientras tanto, permisibilidad, impunidad y manga ancha para los operadores de magros negocios heredados de pasados sexenios que han significado la quiebra de instituciones nacionales y han arrojado a la pobreza extrema a millones de mexicanos, a saber, en el caso de prisiones:
Más de mil millones de pesos al año y hasta 2033 cobra el Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados, GIA, presidido por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, por la administración de una prisión federal. El negocio le fue adjudicado en el sexenio de Felipe Calderón en 2011.
Estos más de mil millones de pesos a la empresa del cuñado de Salinas es por la administración y mantenimiento del Centro Federal de Readaptación Social número 13 ubicado en Mengolí de Morelos en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca.
Dicho Centro fue inaugurado en el año 2013 por el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo y fueron los Presos Loxicha los primeros en ser enviados a dicha prisión por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto, sin fundamento legal y violando sus más elementales Derechos Humanos.
Sí, la cárcel es para los pobres, para los campesinos, para los indígenas, para quienes se rebelan contra las políticas de muerte del Estado mexicano o servirán para encumbrar a políticos o funcionarios como Genaro García Luna en, nada de casualidad, el sexenio de Calderón, en el caso de la ciudadana francesa Forence Cassez. 15 años lleva Israel Vallarta Cisneros esperando sentencia, esperando justicia.
Más allá de que se trate de una República democrática, de una Monarquía democrática, de China o de Rusia, debe prevalecer el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando eso no suceda, sigue siendo necesario exigir:
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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