Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
PRESENTE:
Quien suscribe, Juan Sosa Maldonado, con correo electrónico: loxicha@gmail.com para recibir notificaciones, de manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para exponer lo siguiente:
Cuando fui víctima de desaparición forzada el 15 de julio de 1998, desnudo, amarrado de pies y manos, sometido a torturas físicas y psicológicas por policías del Estado en el sexenio del represor Diódoro Carrasco Altamirano, mi única preocupación era salvar la vida.
Semanas después, cuando fui trasladado desde la ciudad de Oaxaca para ser presentado ante las autoridades ministeriales en la ciudad de Matías Romero, a más de 300 kilómetros de nuestro hogar, el objetivo era lograr la libertad de lo que comenzaba a ser mi prisión política.
Mientras tanto, mi esposa había iniciado una incansable búsqueda en prisiones y hospitales en Oaxaca y recurriendo a organizaciones defensoras de Derechos Humanos en la Ciudad de México, fue así como conoció, conocimos a Doña Rosario Ibarra de Piedra, su apreciada madre.
En ella encontró la fortaleza y la esperanza para seguir buscándome. Fue a mediados de agosto de ese año 1998 cuando llegó a las mazmorras de aquella prisión regional, fue en ese momento que, sobreponiéndonos a las amenazas, decidimos enfrentar al diodorismo.
La segregación e incomunicación, los tratos crueles, inhumanos y degradantes serían la constante en aquellos casi tres años de procesos judiciales prefabricados en los que conocimos la falta de independencia del Poder Judicial y la dependencia del Legislativo respecto al Ejecutivo.
El acompañamiento y la movilización constante de familiares, magisterio oaxaqueño y organizaciones sociales nos permitieron hacer visible los viejos métodos represivos del Estado Mexicano contra el pueblo pobre y los indígenas a lo largo y ancho de nuestro país.
La vieja Guerra Sucia que su familia y usted habían sufrido en carne propia nos alcanzaba y también a cientos de indígenas zapotecos de la Región de los Loxicha. Guerra Sucia que seguimos conociendo a pesar del discurso de funcionarios y Andrés Manuel López Obrador.
No se trata de emitir un discurso permanente pretendiendo ocultar la realidad, se trata de cambiar esa realidad que asesina año con año a miles de seres humanos, incluyendo a personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas y defensores de tierra y medio ambiente.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Rosendo Radilla, hace casi 10 años, y la del Caso Digna Ochoa y Plácido recientemente, evidencia las responsabilidades del Poder Ejecutivo y el Ejército Mexicano en esta permanente guerra contra el pueblo.
De diciembre de 2018 a la fecha esa responsabilidad recae en el actual ocupante de Palacio Nacional, pero no solamente de él, también de aquellos funcionarios y funcionarias que por omisión y/o comisión son responsables de la falta de respeto a los Derechos Humanos en México.
En nuestro caso, desde antes de su llegada al poder hemos insistido en la necesidad de atender nuestra situación de exiliados desde el año 2013 sin que, por parte de ninguna dependencia, incluida la institución que usted representa, hayamos tenido una respuesta favorable.
Esta es una atenta y respetuosa solicitud de atención porque recuerde:
Justicia que llega tarde no es justicia y nosotros, de igual modo que millones de mexicanas y mexicanos seguimos exigiendo:
¡Justicia pronta, ya!
Desde un lugar del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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