Doña Rosario Ibarra de Piedra es referente universal de la lucha por la presentación con vida de las personas desaparecidas. Enfrentó al poder político, policíaco y militar de una de las dictaduras más difíciles de definir en el mundo, la de México.
La Guerra Sucia, un acontecimiento político y militar que persigue al pueblo de México desde hace décadas, alcanzó a su familia dejando una honda huella que persiste hasta nuestros días: la desaparición forzada de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, por parte del Ejército Mexicano.
Andrés Manuel López Obrador que prometió regresar dicho Ejército a los cuarteles ha pasado a ser, con su investidura presidencial, jefe supremo de las fuerzas armadas pero, renuente a cumplir con sus promesas de campaña, ha legalizado la militarización a lo largo y ancho del país.
Lejos de trabajar para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, la negativa a cumplir por la vía de los hechos con lo que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, fortalece las estructuras del crimen organizado que opera libremente en el país.
Imposible creer que Andrés Manuel López Obrador será capaz de honrar la memoria de doña Rosario Ibarra de Piedra y cumplir con el encargo de alcanzar un mínimo de justicia para las víctimas de desaparición forzada que, junto con las víctimas del pasado, son más de cien mil.
No ha acatado las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de Derechos Humanos en cuanto a desaparición forzada de personas convirtiéndose, además, en cómplice de los militares que desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero.
No es que el Presidente de México sea un corrupto o una persona mal intencionada, su problema es que no ha podido ni siquiera principiar con el fin de la impunidad de las pasadas administraciones y las cúpulas militares lo mantienen como rehén de sus intereses.
Si la presente administración es incapaz de sentar en el banquillo de los acusados a los más altos cargos políticos, policíacos y militares responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque se lo permitimos.
La desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución y la prisión política contra estudiantes, maestros, líderes sindicales, sociales y populares obedeció al plan para imponer la Reforma Educativa en México. Reforma que mantienen vigente.
Esa persecución, la Guerra Sucia, la represión a los movimientos estudiantiles, indígenas y populares en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en las últimas décadas obedece a un plan contra la insurgencia social que se mantiene y profundiza hasta hoy con el crimen organizado paramilitar.
Por eso no es casual la impunidad brindada a Ulises Ruiz Ortiz por los crímenes del 2006 y la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez que el próximo 25 de mayo cumplirán 15 años de haber sido desaparecidos en la ciudad de Oaxaca.
Es el mismo manto de impunidad que protege a su sucesor Gabino Cué Monteagudo por la limpieza social y la represión al movimiento magisterial y popular, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Diódoro Carrasco desde 1996 en Loxicha.
El nuevo partido de estado y su jefe político garantizan impunidad también a Alejandro Murat Hinojosa por todos los crímenes de su administración. Corresponde al pueblo de Oaxaca exigir una verdadera transición democrática más allá del pago de favores y relevo de culpas.
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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