La impunidad y la corrupción son el origen de crímenes de lesa humanidad en México. La administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador no está haciendo lo suficiente para combatirlas.
Hace 21 años, cuando después de tres largos años de prisión política, decidí acompañar a las víctimas de la represión diodorista en la región zapoteca de los Loxicha, la movilización popular llevaba 30 años exigiendo justicia para las víctimas de “El Halconazo”.
Aquel 02 de octubre de 2001, conmemoramos 33 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco esperando que un gobierno de un partido distinto al viejo dinosaurio del priismo, arrojara los más elementales rayos de justicia para un pueblo que ha sido reprimido en todos los sexenios.
Pronto asistimos al descarrilamiento del foxismo, comprobamos que nuestras peores pesadillas se hacían realidad y que el viejo PRI aún era capaz de cometer los más atroces crímenes de Estado. Los campesinos de San Salvador Atenco fueron víctimas de la peor represión en el Siglo XXI.
Seguiría la represión iniciada con la llegada de Ulises Ruiz a la gubernatura en Oaxaca, demostrando de lo que eran capaces aquel 14 de junio del año 2006. La insurgencia popular con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, fue la respuesta contra el tirano.
16 años de impunidad han transcurrido y Ulises Ruiz Ortiz pasea a su anchas su activa vida política. Es la vieja historia de la impunidad de los represores del movimiento popular, campesino, magisterial y estudiantil en México. Por eso no hay justicia para los 43 de Ayotzinapa.
Creer que con la llegada de “La Primavera Oaxaqueña” las cosas irán mejor, puede tener las nefastas consecuencias que vivió el movimiento popular en Oaxaca con la llegada de Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura en el 2010. Hay quienes piensan lo mismo de la 4T de AMLO.
No pueden vendernos la idea de que México es un país democrático cuando los crímenes del pasado, y del presente, permanecen en la más nefasta impunidad, impunidad y corrupción que desgarran el tejido social y que alimentan los cárteles de la droga y crimen organizado.
Alejandro Murat, trae el juego perfecto, el represor Enrique Peña Nieto lo encumbró en la política y para López Obrador, líder de la Cuarta transformación o mejor conocida como la 4T, es uno de los gobernadores consentidos. Como cualquier político de cuarta, sueña con ser Presidente.
Para desgracia de los mexicanos, los cargos públicos son utilizados como trampolín político para aspirar a los más altos escaños de la política mexicana. Lo peor es que el saqueo de las arcas públicas, el endeudamiento con miras a cumplir sus metas personales son la regla.
Diódoro Carrasco fue premiado con el puesto de Secretario de Gobernación por la represión contra los indígenas de la región zapoteca de los Loxicha de igual modo que Luis Echeverría Álvarez fue premiado con la presidencia de la República por la masacre del 02 de octubre de 1968.
Como Alejandro y su padre José Murat, han pertenecido al viejo partido de Estado que se convirtió en la peor dictadura partitocrática después del represor Porfirio Díaz. No olvidamos que quienes mandan de verdad son los dueños de los grandes negocios capitalistas a nivel mundial.
Siguen haciendo efectiva la vieja consigna de matar en caliente a los opositores políticos y de ofrecer, cuando lo consideran necesario, plata o plomo. La mayoría de las veces es solamente plomo, por eso el país vive una permanente guerra contra las más amplias capas sociales.
El Ejército Mexicano es el gran protagonista de la dictadura, narcoparamilitares y todo tipo de policías no escapan al viejo control que el ejército ejerce en todo el país. Los cárteles de la droga, la diversificación de los negocios ilícitos son parte del control y dominación.
¡14 de junio, ni perdón ni olvido!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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