Miradas de Reportero
Por Rogelio Hernández López
Quizá el reportero Rodolfo Montes no conoce todos los datos disponibles pero su miedo a las amenazas de muerte de alguien de la delincuencia organizada tiene al menos seis grandes razones.
PRIMERA. Una revisión de 38 casos de periodistas asesinados entre 2019 y 2022, arroja que fueron amenazados previamente 12 de ellos (31 por ciento) documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para un informe especial difundido en mayo de 2022.
SEGUNDA. Cada semana al menos dos periodistas son amenazados de muerte. Por eso, la amenaza es el delito contra periodistas de mayor presencia entre todos los agravios, agrega la CNDH en ese informe. Y no todas las amenazas las denuncian.
TERCERA. La delincuencia organizada ya comete una de cada tres agresiones contra periodistas. En 2009 estos grupos ejecutaban el 7.5 por ciento de agravios y para octubre de 2021 lo hicieron en el 33.5 por ciento de los casos conocidos, de acuerdo con los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
CUARTA. Mas de la mitad de los delitos contra periodistas que se denuncian penalmente fueron amenazas, confirma la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). De 2017 a 2021 registró 534 agresiones y 306 fueron amenazas.
QUINTA. El temor de periodistas ha derivado que se duplicaran sus peticiones de protección al Mecanismo federal de 2019 a la fecha. Según sus informes, a fines de 2018 tenía incorporados a 256 colegas y para julio de 2022 había amparado a otros 264 para totalizar 520.
SEXTA. Las evaluaciones de riesgo que hacen para periodistas en las fiscalías, en el Mecanismo federal de protección y en las instancias estatales ignoran, casi siempre, que el trabajo periodístico tiene más complejidades que la labor de las personas defensoras de derechos y que las medidas cautelares deben ser acordes a esas diferencias.
El miedo
Desde el mismo 20 de julio, fue ampliamente difundida en medios convencionales y en redes sociales la emotiva petición del reportero Rodolfo Montes al Presidente de la República, que entre sollozos pidió que no le quitaran las escoltas por su temor de agresiones físicas de un presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra él y/o su hija. Su miedo se extendió y muchos periodistas le entrevistaron en solidaridad.
Rodolfo Montes, es un veterano reportero ampliamente conocido en el ambiente periodístico como “el Negro”. Ha sido empleado de varios medios convencionales como Milenio Diario y Proceso. Más recientemente labora como independiente y sus trabajos los difunden noticieros de radio, agencias informativas y otros. Es autor de varios libros, el más conocido es “La Cruzada de Calderón” (2011. Ed. Grijalbo).
En una de las entrevistas –la del sitio digital, Sin Embargo— el reportero aseguró que desde el mes de enero ha andado a salto de mata; que desde abril confirmó que le perseguían; que el 8 de julio recibió la llamada de un sujeto que le dijo:
— “Rodolfo Montes Godínez no necesito que me digas que eres tú: Una persona güera, una mujer güera en la Miguel Hidalgo le puso precio a tu cabeza. Ya te cargó la verga”.–
Luego en otra posterior, aseguró Rodolfo que el mismo individuo le dijo ser “el jefe de plaza en la Ciudad de México, del Cártel Jalisco Nueva Generación; que no se iban a meter con mi familia si yo les daba un aporte económico. Nunca me dijo una cantidad…”
Lamento que en el país exista “una emergencia nacional en el gremio periodístico”, comentó el periodista a sus colegas que le entrevistaban.
Amenazas similares padecen varios periodistas sin que se difundan con la misma amplitud. En varios casos optan por auto desplazarse. Un caso ilustrativo es de los colegas chiapanecos María de Jesús Peters y Juan de Dios García Davish quienes ante amenazas verosímiles tuvieron que abandonar su país en Mayo de 2022, según reportó Elena Reina para el diario El País.
Amenazas crecientes
A pesar del bajo índice de denuncias de periodistas, las amenazas configuran el delito de mayor presencia en contra de periodistas como lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su “Diagnóstico sobre los alcances y retos del Mecanismo de Protección para Personas defensoras de derechos humanos y periodistas Y la necesidad de una política de estado para la Protección a las personas defensoras y periodistas.”
La CNDH solicitó, para este diagnóstico, a todas las fiscalías o procuradurías de las entidades federativas información relacionada con la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas o comunicadores de 2017 al 31 de marzo de 2021. Y de sus resultados percibió que las amenazas representan más de la mitad de todos los delitos contra periodistas.
“Los delitos con mayor incidencia en contra de periodistas o comunicadores en el periodo de 2017 a marzo de 2021 fueron: amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad” pero de un total de 800 registros de todos los delitos contra periodistas el de amenazas se cometió en 420 de los casos durante ese periodo.
La CNDH acopió también, en ese diagnóstico, datos de la fiscalía federal contra delitos a la libertad de expresión (FEADLE) y del total de 534 de denuncias que esta registró de 2017 a 2021 las amenazas contra periodistas también fueron 306; esto es el 57 por ciento. (https://www.cndh.org.mx/documento/diagnostico-sobre-los-alcances-y-retos-del-mecanismo-de-poteccion-para-personas)
El agresor que desborda al Mecanismo
La delincuencia organizada comete ya una de cada tres agresiones contra periodistas y ese es un factor que ha ido desbordando la capacidad de protección del mecanismo federal desde 2019.
En los distintos reportes del Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y de los responsables directos del Mecanismo federal de protección, se puede evaluar que las agresiones contra periodistas provenientes de grupos de la delincuencia organizada en 2009 representaban el 7.5 por ciento del total y que paulatinamente han ido creciendo. Para octubre de 2021 los agravios de estos grupos ya configuraban el 33.5 por ciento; uno de cada tres.
Esa ha sido una de las causas de que se duplicaran las peticiones de periodistas para obtener la protección federal. A fines de 2018 el Mecanismo federal tenía incorporados a 256 colegas y desde entonces fue
sumando a otros 264. Se duplicó el número. A julio de 2022 son ya 520 los periodistas beneficiarios del mecanismo, muchos de ellos desplazados de sus lugares de trabajo.
Todo este contexto hace previsible que, en el corto plazo, continuarán las amenazas, agresiones y asesinatos contra periodistas, no solo por servidores públicos que desestiman la labor de los informadores sino también y más peligrosamente por la atmósfera de violencia en al menos seis entidades de la federación que provocan los grupos de la delincuencia organizada; grupos qué, cada vez más, colocan a periodistas como objetivos por informar de sus andanzas o colusiones.
En ese sentido, el 21 de julio se difundió en México la actualización de datos del Congreso de Estados Unidos sobre el crimen organizado en nuestro país. Y entre 200 grupos activos identificó que los principales generadores de violencia son aquellos que congregan: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel de los Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Noreste, Caballeros Templarios, Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Rojos, Cártel de los Arellano Félix y el Cártel de Juárez.
La CNDH en su diagnóstico se sumó a las peticiones generalizadas de que se busque una estrategia de Estado para protección de periodistas, pero también reconoce que para frenar la violencia de los cárteles se requieren acciones múltiples de los tres niveles de gobierno que enfrenten las causas estructurales que permitieron el desarrollo de la delincuencia organizada y que afectan a vastos sectores de la población mexicana.
Por lo pronto, en el caso del reportero Rodolfo Montes hay que valorar todo este contexto y atender tres demandas muy reiteradas: que en las evaluaciones de riesgo que se hagan para periodistas no se desestime ninguna amenaza; que los evaluadores no estigmaticen a priori al periodista que solicite protección; y que en los mecanismos de protección debe haber gente que conozca y entienda que el ejercicio profesional del periodismo en México es de los más complejos y difíciles. Mirada de reportero.
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