San Raymundo Jalpan: “La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió un asunto en el que sentó un precedente importante para el reconocimiento efectivo de los derechos político electorales de las personas con discapacidad, pero, además, estableció las bases para el desarrollo de acciones afirmativas que permitan su ejercicio”, expuso en la máxima tribuna de Oaxaca, Liz Concha, Diputada por el Distrito 04 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, quien propuso ante el Pleno de la LXV Legislatura local, la Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Oaxaca, con el fin de adoptar medidas que garanticen un efectivo acceso a la representación popular, de acuerdo con el modelo social de discapacidad.
La legisladora argumentó que al tratarse de un asunto relativo a los derechos humanos y en cumplimiento al modelo de control convencional; “éste Congreso Local es competente para adecuar la legislación local a lo que ya establece un Tratado Internacional, lo que además coloca a nuestro Estado a la vanguardia en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos político electorales de las personas con discapacidad, al establecer expresamente la obligación que tienen los Partidos Políticos de postular a cargos de elección popular a personas con esa condición, permitiéndoles un acceso efectivo en la integración de órganos de representación y en general para cargos públicos”.
Explicó Liz Concha que la Sala Superior declaró la omisión del Congreso de la Unión, al determinar que tiene la obligación, conforme a los tratados internacionales, de garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad para que accedan a cargos de elección popular y públicos, en igualdad de condiciones con los demás, así como de crear un ambiente para que ese grupo participe plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.
Señaló la Presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 5.69% de la población, que representa un total de 7,168,178 vive con alguna discapacidad, siendo la más reportada la discapacidad de caminar,
subir o bajar, con un 41% de ese total; las Entidades con mayor incidencia son Oaxaca, con 7.22%; seguida de Guerrero con 6.78% y Tabasco con 6.71%, estadísticas que identifican a las mujeres con mayor prevalencia que los hombres.
Por esa razón dijo Liz Concha; “la discapacidad ha dejado de ser vista solamente desde una perspectiva física o médica y se ha tomado más en cuenta el contexto físico, social y político, de tal manera que ahora debe entenderse de la interacción entre el estado de salud de una persona y los múltiples factores que influyen en su entorno”.
Por lo que hace a su participación política, debe considerarse que los derechos político electorales son derechos fundamentales que reconocen y garantizan a la población la participación en la toma de decisiones públicas, así como en el ejercicio del poder político, por lo que contribuyen a la promoción y a la consolidación de la democracia y a la creación de un Estado democrático de derecho.
Resaltó además que; “las personas con discapacidad han sido discriminadas y posicionadas en una situación de vulnerabilidad y desigualdad y aunque se han tenido avances legislativos y de política pública que han visibilizado este grupo social y se han implementado una serie de acciones afirmativas, es necesario reconocer también que a la fecha sigue habiendo muchos aspectos y rubros pendientes de atención, siendo uno de ellos, precisamente el relacionado con el reconocimiento y garantía de sus derechos político electorales”, dijo Liz Concha.
Por lo antes expuesto, puso a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Oaxaca, convocándolos a analizarla y enriquecerla en aras de una mejor protección y garantía de los derechos humanos de las y los oaxaqueños.
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