Aplicación de la Ley en Oaxaca, solo para unos cuantos
Julisa Sánchez
A una semana de rendir protesta oficial como Gobernador Constitucional de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en el Estado nada ha cambiado, continúan los problemas sociales que tanto daño le han hecho a los oaxaqueños, así como las crisis en economía, basura, la de procuración de justicia, violencia, inseguridad, salud, educación, cultura, deporte y ambulantaje, son tópicos que no han sido tomados en cuenta en un plan de trabajo urgente para el bienestar social.
Aplicación de ley, dispareja.
En sus primeras horas como mandatario estatal, el Ingeniero Químico de profesión, movilizó a la fuerza pública para retirar a los desplazados de San Juan Copala, familias de indígenas triquis que por más de diez años se resguardaron en los portales del Palacio de Gobierno al no contar con las garantías para un retorno seguro, libre de violencia, a sus comunidades en la Región Mixteca. En la primera acción gubernamental, señalaron las víctimas de Copala que “hubo mujeres y niños heridos, además del robo de artesanías evidenciada en fotografías de los propios servidores públicos”. Sin embargo, la aplicación de la Ley para el Libre Tránsito no fue pareja en el primer cuadro del centro histórico, la demanda social de recuperar el paso de los otros tres portales que rodean la Plaza de la Constitución, donde por años han sido invadidos por mesas, maceteros y estructuras metálicas continúan favoreciendo solo al sector restaurantero y hotelero.
Dicha movilización de gobierno tampoco se aplicó a los múltiples parques y espacios públicos irrumpidos por el comercio informal y otros sindicatos, lo que deja en duda que la autoridad entrante realizó un acto de revanchismo particular más que la ejecución del marco legal, dando pauta al mensaje de Salomón Jara en un boletín, “celebremos la recuperación de los espacios públicos”, marcando así la ruta de la aplicación de la Ley en Oaxaca.
Un gabinete polémico.
El equipo gubernamental que acompañará las decisiones y acciones del Gobierno de Jara Cruz aún está incompleto, se siguen definiendo y repartiendo posiciones políticas, gabinete que ya ha sufrido cambios y críticas, estas últimas por nombrar como funcionarios a ex ediles con historiales en corrupción, desvío de recursos y falta de obra en sus comunidades, denunciados por activistas y actores políticos, como Saymi Pineda Velasco de San Pedro Pochutla, Juanita Cruz Cruz de Huajuapan de León, Alejandro López Jarquín de Santa Cruz Xoxocotlán y Emilio Montero Pérez de Juchitán de Zaragoza, así como otros personajes reciclados de gobiernos antecesores al de Jara Cruz, como Nezahualcóyotl Salvatierra López, Carlos Alberto Holder Gómez y Emilio de Leo Blanco.
Otro de los nombramientos que movió las fibras internas de los docentes y de exintegrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es el de Alejandro Edrey Tejada Morales, como titular de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), a quien los profesores integrantes de la Sección 22 identificaron como autor material en el movimiento político y social del 2006, específicamente en las llamadas “Caravanas de la Muerte”, convoyes armados nocturnos que recorrían las calles a bordo de patrullas, motocicletas, camionetas blancas y vehículos para abrir fuego contra los manifestantes que resguardaban las barricadas en los accesos, avenidas principales y colonias de la ciudad de Oaxaca, donde de acuerdo a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en su quinta visita, informó que fueron 26 homicidios, los cuales se mantienen en la impunidad.
Al respecto, bajo la nueva dirigencia de Yeny Araceli Pérez Martínez, los mentores fijaron su postura de rechazo al nombramiento del titular de la PABIC bajo un escrito con fecha del 3 de diciembre del 2022, solicitando al Gobernador de Oaxaca aplicar la ley.
Por otra parte, los cambios en el recién presentado gabinete, ha despertado la advertencia entre los seguidores de Jara Cruz, de sometimiento a las decisiones o desplazamiento del curul.
Violencia y deuda pública.
El titular del Poder Ejecutivo dio a conocer en su primer informe oficial la deplorable situación en que recibía la administración oaxaqueña, con una deuda pública de 20 mil 600 millones de pesos heredada en los tres últimos sexenios, desde Ulises Ernesto Ruiz Ortíz, seguido de Gabino Cué Monteagudo y el último Alejandro Ismael Murat Hinojosa, así como las obras inconclusas y de mala calidad, donde señaló que la responsabilidad de estos actos la deslindará la Fiscalía del Estado.
En cuanto a las acciones y plan de rescate para Oaxaca, no se ha dado a conocer hasta el momento. Las ejecuciones y la inseguridad también heredada a Jara Cruz, son temas que aún no se han atendido, ya que se siguen realizando a toda hora del día y en lo largo del Estado.
Mientras que en la procuración de justicia sigue sin darse una solución a las cientos de carpetas de delitos contra la salud, despojo, extorsión, robo, ejecuciones, secuestros y feminicidios, que se mantienen a la alza, sin alcanzar el castigo a los responsables en un ambiente de impunidad e inseguridad en las 8 Regiones del Estado.
En el tema del derecho a la salud pública, se han ignorado las demandas sensibles y altamente vulnerables para quienes se debaten entre la vida y la muerte, no se ha hecho una visita a los principales hospitales de Oaxaca, donde la falta de insumos, medicinas, personal, equipamiento y espacios saturados, es una constante ignorada por los gobernantes cada sexenio.
Mientras tanto, el presupuesto millonario para el primer año de Gobierno no se ha presentado al pueblo y su destino de aplicación en un Plan Estatal de Desarrollo.
Oaxaca, entidad en último lugar en desarrollo de México, viene en una nueva etapa de “cambio” que se aleja lentamente de la ruta prometida.
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