- Para garantizar la estabilidad política del Estado es necesario que la Segego se siente a dialogar con anticipación con los protagonistas, señalan Diputados
- Jesús Martínez Álvarez reconoce que los conflictos se vuelven problemas políticos por la no atención de las áreas del Ejecutivo
SAN RAYMUNDO Jalpan, Oax.- A rediseñar las estrategias para atender con anticipación los conflictos que impactan al Estado, demandaron Diputados de las diferentes fracciones de la LXI Legislatura estatal al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, durante la primera comparecencia de la glosa del segundo informe del gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Luego de la exposición del funcionario, el diputado Elías Cortés López, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que “nos hemos estancado en esos dimes y diretes, estancamiento que obedece a aquellos grupos sociales, de aquellos partidos políticos por querer cobrar la factura a un gobierno que instituyeron”.
El Legislador priista propuso hacer efectiva la distribución de poderes, pues mientras le corresponde a la Secretaría General de Gobierno (Segego) garantizar la estabilidad política, es necesario que esa dependencia se siente a dialogar con anticipación con los protagonistas políticos, pues en la mayoría de los municipios en conflicto, las tomas de los palacios de gobierno son encabezados por grupos que apoyaron la coalición ganadora.
Recordó que la Comisión de Gobernación del Congreso ha nombrado a 11 administradores municipales cuando el procedimiento debido es que esos conflictos los atienda con antelación la Segego, porque tiene la facultad de nombrar Consejos de Administración, pero la dependencia aún no ha hecho llegar las propuestas de esos consejos, mientras están en un vacío de autoridad.
Por su parte, el diputado Daniel Cuevas Chávez, también del PRI, señaló que las cifras dadas a conocer en el segundo informe de Gobierno distan de las que se viven en Oaxaca, donde se registran día a día movilizaciones de grupos que desquician la convivencia de la ciudadanía.
Evidenció que en distintas dependencias conviven “personajes que en un pasado no muy lejano se dedicaban a vivir del chantaje y de la presión social y hoy despachan como servidores públicos; eso no sería una anomalía, sino que siguen trabajando sin dejar su condición de dirigentes de grupos de presión talando la rama administrativa en la que se encuentran; son juez y parte, pues hemos visto a algunos de ellos encabezando bloqueos en carreteras”.
En su oportunidad, el legislador Héctor Lorenzo Inocente, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), abrió su intervención señalando:
“Señor Secretario: hay muchas inconformidades por su desempeño, hay una larga lista de pendientes, pero quisiera citar dos ejemplos paradigmáticos recientes: el primero relacionado al enfrentamiento del pasado 21 de noviembre entre pobladores de Mitla e integrantes de la Sección 22 que decepciona a la sociedad.
“El segundo, en relación a que Carlos Felguerez, secretario particular del titular de la Segego, dio instrucciones para liberar recursos para las autoridades de Santiago Astata, acción que debe pasar por la aprobación de la Secretaría de Finanzas y con lo cual rebasa sus atribuciones”.
El diputado Lorenzo Inocente subrayó: “no veo política interior, no son sólo diálogos, sino acciones; por ello, queremos ver mayor compromiso de los funcionarios públicos con apego al derecho, a las leyes que rigen el estado”.
Luego, el diputado Everardo Hugo Hernández Guzmán, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó al responsable de la política interna de Oaxaca para saber qué estrategia ha implementado la Segego para evitar los conflictos magisteriales, al tiempo de demandar la liberación de las escuelas en poder de la Sección 59 del SNTE.
El Legislador perredista consideró, asimismo, que las ocho Coordinaciones Regionales, así como el Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia propuesto por el titular de Ejecutivo estatal, son acciones declarativas.
Y al tiempo de pedir un informe sobre los recursos que maneja esa dependencia para la política interior, demandó que desde la planeación de la obra pública se considere la participación ciudadana.
También en tribuna, la diputada Margarita García García, de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), aseguró: “Duele decirlo, pero Oaxaca tal parece el gobierno de todos, pero la tierra de nadie; donde el orden y la paz pública suenan a meros discursos de campaña”.
Hoy las cifras y estadísticas aquí mencionadas parecen muy poco comparadas con las necesidades de gobernanza que requiere nuestra entidad, pues si bien es cierto no podemos negar la intensión institucional por construir una nueva gobernabilidad democrática que busque mediar tensiones que emergen de la pluralidad, que construyan acuerdos e implementen acciones, que den respuesta a las carencias gubernativas heredadas, debemos manifestarlo con total claridad: aún falta mucho por hacer, dijo.
En opinión de la legisladora García, la política de Estado se hará más eficiente cuando se atienda la seguridad pública, cuando se combata la corrupción, cuando se luche contra la pobreza y la falta de empleo, cuando la rendición de cuentas sea un ejercicio diario, porque “somos muy optimistas o muy comodinos al pensar que un sólo hombre, por el carácter que tiene, puede restablecer la paz pública si es que en algún momento ha existido”.
Lanzó una pregunta al titular de la Segego y a su equipo de asesores: ¿Cuáles fueron los motivos para que la Sección 22 del SNTE no firmara el Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia para el Estado de Oaxaca, que propusiera el gobernador Gabino Cué Monteagudo?
Finalmente, García García cuestionó el por qué se ha permitido que lejos de que los funcionarios públicos hagan su trabajo, pareciera que son los más interesados en que persistan los problemas sociales y los brotes de violencia.
A su vez, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), advirtió que “se acabó el bono de la alternancia, pues es momento de pagarle al pueblo la confianza de su voto y estamos comprometidos todos a convertir a Oaxaca en un oasis democrático”.
Sostuvo que el Gobierno del Estado carece de estrategias, por ello propuso tres líneas de acción que inician con la apertura al diálogo y no a la confrontación; atención urgente al problema educativo, “pues en Oaxaca se incumple con el derecho a la educación, responsabilidad del Estado que adolece de una estrategia para garantizarla aún con el conflicto magisterial, y la tercera: reducir la conflictividad agraria, “pues no hay democracia bajo fuego si hay violencia”.
LLAMA MARTÍNEZ ÁLVAREZ A LA UNIDAD
En su comparecencia, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, sostuvo:
“Podemos pensar diferente o tener diferentes propuestas, pero no podemos perder nuestro tiempo en la discusión continua. Es tiempo de aportar propuestas, ideas, de actuar constructivamente y olvidarnos de cualquier situación de carácter personal, justificada o no, que impida la unión, la concordia y el trabajo conjunto”.
El responsable de la política interna del Estado reconoció que la mayor parte de los conflictos se convierten en problemas políticos por la no atención de las áreas responsables del Ejecutivo del Estado, quienes tienen claramente definidas su obligación legal en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Actualmente, más del 80 por ciento de la problemática en el Estado corresponde básicamente a otras dependencias del Gobierno estatal o federal; por ello, dijo, “mantenemos el compromiso de atender los problemas a fondo, lo que implica dejar atrás los paliativos y las improvisaciones; el cumplimiento de este compromiso está permitiendo avanzar en materia de estabilidad y paz social”.
El funcionario estatal hizo un respetuoso exhorto a todos los actores políticos y líderes sociales para que se abstengan de restar, lo que empobrece moral y económicamente a todos, y para que se esfuercen por sumar y multiplicar, lo que honra y beneficia a todos.
Informó que se actualiza constantemente el “mapa de riesgos” con todos los conflictos existentes; no ha habido un sólo asunto que no haya sido atendido; ésto no significa que todos hayan sido resueltos, debido a que más del 80 por ciento dependen de otras instancias.
Martínez Álvarez refirió que al comenzar este año existían 100 conflictos municipales, de los cuales se han resuelto 77; por otro lado, persistían 15 conflictos poselectorales y se han resuelto 13, y hay 11 municipios gobernados por administradores municipales, en tanto que de 95 conflictos sociales se han solucionado 73.
Precisó que es en la región Mixteca donde existe el mayor número de conflictos agrarios, mientras que en la Sierra Sur y los Chimalapas son las zonas cuyos índices de muy alta marginación generan intranquilidad, inestabilidad social, así como de alta conflictividad; no obstante, afirmó que hay una política integral de defensa del territorio de los Chimalapas.
En ese sentido, explicó que por diversas causas, la región de Chimalapas no fue atendida de manera integral por ninguno de los gobiernos anteriores, permitiendo el saqueo de nuestra riqueza forestal y poniendo en riesgo la notable biodiversidad y la integridad de nuestro territorio, así como la soberanía del Estado, por ello se interpuso el 29 de noviembre pasado la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Oaxaca merece romper la inercia de la confrontación que a nada conduce”, insistió Martínez Álvarez ante el pleno del Congreso del Estado e invitó al Poder Legislativo, Ayuntamientos, académicos, sectores productivos, padres de familia, organizaciones sociales y ciudadanos en general a enriquecer el debate para alentar y nutrir el nuevo modelo educativo que demanda el presente y futuro de Oaxaca.
Reconoció: “Hay aciertos, pero muchos asuntos que deben corregirse para que exista gobernabilidad en el Estado y esto depende, no sólo de la Segego, sino de todos y cada uno de quienes integran el Poder Ejecutivo”.
Por ello, lanzó un llamado a los actores del Estado, pues “se requiere no sólo de la buena voluntad del gobierno, sino del compromiso de todos los actores políticos y de la participación activa de la ciudadanía para sentar las bases de un mejor futuro para todos”.
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