El asesinato de Tacho Canasta, líder comunitario del Istmo de Tehuantepec, marcó una nueva y dolorosa página en la historia reciente de Oaxaca. Fue hallado sin vida el pasado lunes, tras haber sido presuntamente torturado, de acuerdo con las primeras investigaciones. Su muerte se suma a una alarmante cadena de asesinatos, desapariciones y secuestros de líderes sociales, activistas y defensores del territorio en una de las regiones más empobrecidas y desprotegidas de México.
Tacho Canasta era una figura conocida y polémica, con fuerte arraigo en las comunidades zapotecas del Istmo. Representaba una voz incómoda, crítica del abandono institucional, de los intereses empresariales en la zona y de la complicidad entre actores políticos y criminales. Su asesinato no fue un hecho aislado: fue un mensaje claro contra opositores, quienes se atreven a alzar la voz por justicia, dignidad y autonomía en Oaxaca.
• Una tierra herida: pobreza, impunidad y abandono
Oaxaca encabeza las estadísticas nacionales de pobreza y rezago social. Más del 60% de su población vive en condiciones de pobreza, y una gran parte en pobreza extrema. Comunidades enteras carecen de servicios básicos como salud, educación, infraestructura deportiva o acceso efectivo a la justicia.
En este contexto, los líderes comunitarios y de diversos sectores han sido quienes, sin protección institucional, mantienen escuelas, organizan brigadas de salud, defienden los ríos, la tierra y los derechos de sus pueblos. Esa labor incómoda para muchos ha sido pagada, con demasiada frecuencia, con la vida.
• La lista negra de la impunidad
El asesinato de Tacho Canasta no es un caso aislado. Hace pocos meses, Sandra Domínguez, activista mixe y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, fue secuestrada junto a su esposo. Ambos fueron hallados meses después en fosas clandestinas en Veracruz. Sandra había denunciado públicamente a funcionarios estatales por prácticas misóginas, lo que le valió amenazas y hostigamiento sistemático.
También fueron asesinados dos profesores de la región de la Mixteca, entrenadores de jóvenes basquetbolistas que habían representado a Oaxaca a nivel internacional. Se suma a esta ola de violencia el asesinato de Adriana y Virginia Ortiz, hermanas de la líder triqui Emelia Ortiz.
La lista sigue creciendo. Detrás de cada nombre hay una historia de lucha comunitaria, un tejido roto, una familia en duelo y un vacío que ni el Estado ni la justicia han sido capaces de atender.
• Un Estado en silencio
Las autoridades locales parecen operar en la penumbra de la omisión. Las investigaciones avanzan lentamente o se abandonan. Las órdenes de aprehensión no se ejecutan. Las víctimas, en lugar de ser protegidas, terminan siendo revictimizadas. Y mientras tanto, los perpetradores operan con total impunidad.
Las organizaciones sociales advierten que Oaxaca se ha convertido en una zona de alto riesgo para defensores de derechos humanos. “Los líderes están en capilla”, dicen. Cada asesinato reciente confirma que el precio de defender una causa en Oaxaca puede ser la muerte.
• El clamor de las comunidades
Los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias y colectivos de derechos humanos siguen exigiendo justicia. La muerte de Tacho Canasta ha encendido una vez más los focos de alerta. “Hoy fue él, mañana podemos ser nosotros”, han dicho líderes de la región.
Frente a esta ola de violencia, surge una pregunta inevitable: ¿Quién protege a quienes luchan por Oaxaca? ¿Dónde están el gobierno estatal, la federación, las instituciones que deberían garantizar el derecho a la vida, la justicia y la organización social?
Tacho Canasta no será el último si el Estado mexicano no actúa con urgencia. Oaxaca no necesita más promesas vacías ni discursos sobre desarrollo. Necesita garantías reales para la vida, justicia para sus muertos, y protección para quienes siguen en pie, de frente defendiendo a sus pueblos.
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