Julisa Sánchez / Tucán
La noche de este viernes, con una mayor presencia de patrullas, motopatrullas y elementos de seguridad, se confirma la reactivación de los operativos alcoholímetro en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía debido al antecedente trágico y aún impune del asesinato del joven estudiante Diego Paz, ocurrido en un operativo similar el pasado 31 de agosto del 2024.
Los filtros habían sido suspendidos por órdenes directas del gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, tras la muerte del estudiante de la Universidad Anáhuac, a manos de elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía, quienes lo interceptaron durante un operativo de revisión. La gravedad del caso generó una ola de indignación social, movilizaciones estudiantiles y reclamos por justicia, que hasta el día de hoy no han obtenido una respuesta clara por parte de las autoridades judiciales.
Ante las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, el entonces director de Seguridad Pública de Santa Lucía, Marcos Freddy, presentó su renuncia, tras ser señalado como uno de los responsables del fallido operativo.
En respuesta a estos hechos, el gobernador Jara ordenó la suspensión de todos los alcoholímetros en municipios conurbados, citando a Santa Lucía del Camino como el municipio con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos, según reportes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). La solicitud al presidente municipal fue clara: suspender de forma definitiva dichos operativos.
Sin embargo, esta noche los filtros regresaron a las calles de Santa Lucía del Camino, sin un anuncio público previo ni justificación oficial, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre el uso de estos mecanismos de control y la falta de transparencia en su aplicación.
Mientras tanto, el nombre de Diego Paz continúa siendo un símbolo de la impunidad y de la lucha por una seguridad pública más humana y responsable.
Finalmente, los servidores públicos que renunciaron a sus cargos por el crimen, reaparecen en eventos oficiales bajo la protección del edil Juan Carlos García Márquez.
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