Julisa Sánchez / Tucán
A pocos días de que los nuevos magistrados, ministros y jueces asumieran su cargo tras la histórica reforma que estableció la elección popular de estos puestos, el escenario comienza a ensombrecerse.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han mostrado hiperactividad en los últimos días: anuncian multas, abren procesos de revocación y emiten resoluciones que parecen dar la impresión de control. Sin embargo, persiste un vacío evidente: no existe investigación ni sanción alguna contra quienes operaron y repartieron los llamados “acordeones” de votación que guiaron a comunidades enteras en favor de determinados perfiles.
Los señalamientos son directos. A nivel federal, estatal y municipal se responsabiliza a representantes del poder político por esta práctica que distorsionó el proceso democrático. En Oaxaca, particularmente, las acusaciones apuntan al actual gobierno como principal promotor de esta operación, lo que refuerza la percepción de que el cambio en el Poder Judicial fue más de forma que de fondo.
Nepotismo, dedazo y viejas prácticas
Lo que debía inaugurar un modelo transparente y democrático en el nombramiento de jueces y magistrados hoy se percibe plagado de nepotismo, dedazo y redes de poder. Entre los nuevos cuadros electos aparecen personajes con señalamientos previos de corrupción o vínculos con intereses políticos, lo que mina la legitimidad del proceso incluso antes de que inicien funciones.
Justicia en riesgo
Analistas advierten que la justicia mexicana podría estar entrando en una etapa crítica: magistrados y jueces, recién electos, ya envían señales de sumisión y obediencia a la clase política que los respaldó, comprometiendo la independencia judicial que tanto se pregonó durante la discusión de la reforma.
El riesgo es claro: un Poder Judicial debilitado desde su origen, atrapado entre cuotas de poder y presiones partidistas, difícilmente podrá garantizar imparcialidad en casos de alto impacto o en litigios que incomoden al gobierno en turno.
Un cambio que no cambia
En el discurso oficial, la elección de magistrados, jueces y ministros por voto popular representaba un paso histórico hacia una democracia más participativa. En los hechos, lo que se observa es un sistema judicial que nace bajo sospecha, con operadores políticos detrás de las urnas y con ciudadanos inducidos por listas y “acordeones” que sustituyeron a la voluntad libre.
Si el objetivo era acercar la justicia al pueblo, lo que hoy se vislumbra es todo lo contrario: un Poder Judicial subordinado, cooptado y debilitado desde sus cimientos.
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