David Ortiz / Tucán
Las autoridades federales y estatales anunciaron la captura de Jorge Armando “N.”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en el centro histórico de la ciudad. Según el comunicado oficial, la detención se logró tras operativos de ubicación e intercambio de información entre corporaciones.
La investigación judicial ha ido sumando elementos: análisis de teléfonos y mensajes que habrían permitido identificar a integrantes de una célula criminal y la posible planificación del ataque; además, se vincula al detenido con una banda con presuntos lazos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con las autoridades federales.
En días posteriores al homicidio se localizaron, según reportes, cuerpos de presuntos implicados en la agresión, y varios de los señalados fueron abatidos o capturados en operativos; la Fiscalía estatal también informó sobre el arma utilizada, que habría sido vinculada a otros hechos violentos. Estos hechos forman parte de la carpeta de investigación que avanza en la Fiscalía de Michoacán.
La muerte de Manzo dejó una estela de protesta y demanda social: movilizaciones, el reclamo público de organizaciones civiles y la cancelación de eventos oficiales en Uruapan por la inseguridad. El Gobierno federal respondió con un plan de seguridad para Michoacán que incluye despliegue de fuerzas federales y seguimiento permanente del caso, pero en el ámbito local persiste la desconfianza y el pedido de aclarar posibles redes de complicidad.
El caso vuelve a poner en evidencia la violencia generalizada que azota a Michoacán y a otras regiones del país: con alcaldes y líderes sociales asesinados, víctimas vinculadas a disputas entre grupos delictivos y fallas en mecanismos de protección y justicia. Con la detención del presunto autor intelectual, la sociedad exige que el proceso judicial sea transparente, se esclarezcan responsabilidades, incluidas las posibles redes de apoyo, y que la investigación garantice justicia efectiva para la familia de Manzo y para las comunidades afectadas.
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