- Denuncia el Legislador que el traslado de los indígenas oaxaqueños a una cárcel del estado de Tabasco violenta la Constitución y los tratados internacionales en la materia + Reprocha diputada Margarita García al ombudsman Peimbert Calvo que no levante la voz en este caso
SAN RAYMUNDO Jalpan, Oax.- Tras denunciar que el traslado de presos de la región Loxicha de Oaxaca al estado de Tabasco violenta la Constitución y los tratados internacionales, el diputado Flavio Sosa Villavicencio propuso al pleno de la LXI Legislatura su intervención ante el Congreso de la Unión para buscar la liberación de estos siete indígenas zapotecos.
De igual forma, la diputada Margarita García García demandó la intervención del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, “pues le compete levantar la voz por la defensa de nuestros compañeros”.
El diputado Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), recordó que hace 16 años en que irrumpió en Oaxaca el Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron detenidas muchas personas, a las cuales torturaron y vejaron para luego ser recluidas en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México (hoy La Palma), mientras otros estuvieron presos en los reclusorios de Ixcotel y de Etla, Oaxaca.
“Durante estos 16 años ha habido distintas expresiones plurales que han pedido su libertad. Estoy convencido que si los indígenas que están presos cometieron un delito, ya lo pagaron con creces”, consideró Sosa Villavicencio, quien también fue preso político y estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma.
Por ello, pidió a sus homólogos de la LXI Legislatura estatal intervenir ante el gobierno federal para solicitar la libertad de los presos Loxichas.
“Lo que me duele es que estando en un penal oaxaqueño como el de Ixcotel para luego trasladarlos a Miahuatlán sin que los familiares tengan derecho de verlos y menos ahora que se los llevaron a Tabasco”, denunció.
Reiteró que “este hecho no implica que los alejen de su tierra, sino que se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza que las personas que cometen un delito deben compurgar sus penas cerca de sus domicilios, buscando rehabilitarse al estar en contacto con sus familias”.
Y de esta forma, denunció, se están violando tratados internacionales donde los gobiernos se han comprometido a respetar los derechos humanos de los presos, que en el caso de los procesados de la región Loxicha, estos ya cumplieron más de diez años encarcelados.
Recordó que el Senado de la República ya tiene una iniciativa de Ley de Amnistía suscrita por integrantes de diversos partidos políticos, pero que lamentablemente se encuentra en la “congeladora”.
“Creo que necesitamos ser sensibles y no permitir este tipo de abusos en Oaxaca”, convocó el Legislador del PT a sus homólogos. Les pidió que apoyen una interlocución que encabece la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Estado con el Congreso de la Unión, a fin de que en un acto de voluntad política pueda liberarse a estos indígenas detenidos, o buscar un juicio justo.
Sosa Villavicencio argumentó: “Para el Estado Mexicano son presos políticos, no cabe duda; acusados de conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, lesiones, por lo que si cometieron un delito ya han pagado, en tanto que otros delincuentes andan sueltos”.
Puntualizó que por luchar con dignidad contra el Estado Mexicano defendiendo un ideal, hoy están presos y sufriendo vejación tras vejación, hostigamiento en las cárceles, que incluso habla de una lucha que mantuvieron mujeres y familias loxichas exiliadas por varios años en el corredor del Palacio de Gobierno de Oaxaca.
Por su parte, la diputada Margarita García García, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC), coincidió con el planteamiento del legislador Sosa Villavicencio.
“Es indignante y reprobable que hace unos días se haya inaugurado con todos los honores el penal de Mengolí de Morelos, en Miahuatlán, y que luego nos enteremos por los medios de comunicación que fueron trasladados los indígenas zapotecos a Tabasco”, sostuvo.
Y manifestó que “fuera de partidos políticos, de campañas electoreras, debe ser la sensibilidad la que nos mueva, pues hasta hace años se daba la represión, la persecución, la aplicación de todo el peso de la ley a muchos compañeros inocentes, mientras que se ha solapado a muchos delincuentes”.
Por ello, la diputada García exigió que el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, intervenga para evitar que sigan siendo vejados los indígenas loxichas, “pues como se lo dije cuando fue designado en el cargo: que no quería un empleado más, sino que se pusiera a trabajar por el bien de Oaxaca. Basta ya de que se esté paseando o que no esté haciendo nada por nuestros hermanos”.
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