SAN RAYMUNDO Jalpan, Oax.- Como de urgente y obvia resolución, integrantes de la LXII Legislatura del Estado emitieron en la sesión ordinaria de este viernes dos puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutiva ordene estrategias de seguridad en la región de la Mixteca y garantice la gobernabilidad y seguridad para el cambio de autoridades que tendrá lugar el próximo 1 de enero.
Con 35 votos fue aprobado el punto de acuerdo presentado por legisladores de distintos partidos por el que se exhorta al Gobernador para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE), implementen de manera urgente una estrategia integral con el objetivo de que a corto plazo sea combatida la creciente delincuencia, violencia e inseguridad que se vive en la región Mixteca.
De igual manera se exhorta al Mandatario estatal para que a través de la Secretaría General de Gobierno (Segob), sean previstos e implementados programas, políticas públicas y tácticas tendientes a atender las causas del incremento de los ilícitos en la Mixteca, de forma coordinada con aquellas dependencias facultadas para intervenir en la resolución de las diferentes problemáticas prevalecientes en la zona.
Los diputados Anselmo Ortiz García, Sergio López Sánchez, Jesús López Rodríguez, Iraís Francisca González Melo y Juanita Arcelia Cruz Cruz, del PRD; Arsenio Lorenzo Mejía García, Edith Yolanda López Velasco y Rosalía Palma López, del PRI, así como Santiago García Sandoval, del PUP, propusieron este punto de acuerdo.
En tribuna, durante la sesión ordinaria de este viernes que inició a las 20:51 horas y terminó a las 22:45 horas, la diputada Palma López sostuvo que Oaxaca se está proyectando hacia el exterior como una de las entidades con los mayores y más añejos conflictos sociales, que lo coloca como el segundo Estado con mayor índice de violencia municipal.
“La violencia y delincuencia cuentan con un espectro multifactorial que no puede ser explicado y menos justificado con un argumento rígido o pretender atenderlas con esfuerzos dispersos, discontinuos y desarticulados”, sostuvo la Legisladora priista.
Indicó que una ola creciente de violencia se está presentando en la región Mixteca, principalmente en Juxtlahuaca, Putla, Tlaxiaco, Mixtepec y Yosoñama, pues se tienen registrados 25 muertes del año 2010 a la fecha, lo que ha provocado una migración de esa zona que ha alcanzado hasta un 60 por ciento de la población.
La violencia, la delincuencia y la inseguridad resultan ser el reflejo de diversos factores sociales que repercuten en la insuficiencia de los satisfactores mínimos, como son empleo, educación, medios de producción, alternativas de crecimiento, vivienda, seguridad jurídica e instituciones sólidas; por ello, solicitó que además de las estrategias de seguridad se implementen políticas públicas que den certeza a la población, subrayó.
GARANTÍAS EN RELEVOS MUNICIPALES
De igual forma, con 31 votos fue aprobado otro punto de acuerdo presentado por integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que la LXII Legislatura del Estado exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya a los responsables de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública para implementar medidas que garanticen la gobernabilidad y seguridad en los relevos de autoridades municipales.
En el mismo punto de acuerdo, el Congreso del Estado exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al procurador General de Justicia del Estado para que agilice y dé resultados concretos de las investigaciones de los hechos delictivos de que han sido objeto las autoridades municipales electas.
Los diputados Gerardo García Henestroza, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), y Jefté Méndez Hernández, del Partido Nueva Alianza (Panal), se sumaron a este punto de acuerdo proponiendo, el primero, que se haga extensivo el exhorto al Gobierno federal para que apoye en las acciones de seguridad en los relevos municipales, mientras que el segundo pidió medidas cautelares para familiares de quienes han sido víctimas de la violencia.
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Carlos Alberto Ramos Aragón, del PRI, recordó que es deber del Estado otorgar a los ciudadanos la seguridad indispensable para salvaguardar su vida e integridad personal; sin embargo, en los últimos días los atentados contra concejales municipales electos contravienen este precepto.
“Se percibe un ambiente de polarización y encono en nuestro Estado; en tal virtud, resulta urgente y necesario contar con las condiciones de seguridad y gobernabilidad que permitan tener relevos de autoridades municipales en un ambiente de paz y estabilidad”, puntualizó.
Refirió que el 11 de septiembre pasado fue asesinado Everardo Hugo Hernández Guzmán, diputado local en funciones y munícipe electo de San Andrés Cabecera Nueva; el 19 de noviembre fue ejecutado el síndico electo de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Antonio Isaí Galicia.
El 5 de diciembre en el palacio de San Pedro Totolapan fue privado de la vida Epigmenio Rafael Aragón Luis; la noche del 13 de diciembre fue victimado el presidente municipal electo de Santiago Tamazola, Javier Leónides López Roldán, además de los atentados a Manuel León Sánchez, presidente de Santa Catarina Juquila, y a Samuel López López, de San Antonio Tepetlapa.
Por su parte, el legislador García Henestroza, del PAN, solicitó que el exhorto se extienda al Gobierno federal para que apoye las labores de seguridad pública a través de sus corporaciones e institutos armados, debido a que la Policía Estatal tiene un déficit de diez mil elementos para la cobertura de todo el territorio oaxaqueño.
También el diputado Jefté Méndez Hernández, del Panal, lamentó que después de los hechos de violencia, las familias de las víctimas se encuentren en la orfandad y el abandono, incluso algunas de ellas han tenido que emigrar ante amenazas de muerte.
Por ello, solicitó que en el exhorto se otorguen medidas cautelares a dichos familiares, además de que sean acogidos por el Programa de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Oaxaca.
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