Actualmente el Estado Mexicano se encuentra en un periodo de reforma a las leyes, tan es así que en un periodo menor a seis meses se realizaron cuatro de ellas, mismas que han causado mucha polémica en el país; la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma política electoral y la reforma energética. Si bien es cierto el objetivo de estas modificaciones a la Constitución General y leyes secundarias es mejorar y por ende beneficiar al país, lo cierto es que estas reformas únicamente atienden cuestiones políticas, particulares y algunos compromisos por parte del Ejecutivo con los países vecinos y con algunas empresas nacionales, tan es así, que se han desatado una serie de comentarios negativos en contra de ellas, ya que en vez de elevar la calidad de vida y el desarrollo de México simplemente lo perjudican.
La reforma política electoral, tiene como finalidad buscar la participación de los ciudadanos en la vida política del país, según palabras del vicepresidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, José González Morfín, palabras que solo quedan en un discurso político, pues la mayoría de los artículos constitucionales que se pretenden modificar, únicamente tratan cuestiones benéficas para los mismos servidores públicos y otros asuntos irrelevantes para la ciudadanía, esto con base en lo siguiente:
El artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ningún diputado o senador podrán ser reelectos en el periodo inmediato, ahora bien la propuesta para reformar el presente artículo establece que “Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, podrán ser reelectos en forma inmediata; en cada ocasión, los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos”; esto quiere decir que se pretende establecer la reelección legislativa inmediata a nivel federal, eliminando con ello dicha prohibición; durando los senadores en su cargo hasta por un periodo de 12 años y los diputados hasta por 9 años, pero también a nivel local establece lo mismo para diputados, es ahí donde tergiversan las ideologías de los ciudadanos mexicanos, porque una persona al ver esta situación simplemente no participaría en las votaciones ya que dejaría de creer en una democracia.
Otro punto que cabe destacar dentro de esta reforma, es el derecho a iniciar leyes a nivel federal, el cual tiene a su cargo únicamente el Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, por lo tanto, se propuso que este derecho sea también de los ciudadanos, siempre y cuando el número de éstos sea equivalente, por lo menos al cero punto veinticinco por ciento de la lista nominal de electores, es decir, aquellos que se encuentren en la base de datos que contiene el nombre y la fotografía de los ciudadanos registrados en el padrón electoral y a quienes se les ha entregado su credencial para votar con fotografía, sin embargo, esta reforma no se adecua a la realidad del Estado oaxaqueño en virtud de que nuestra entidad cuenta con 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por un sistema de usos y costumbre y el resto 152 se rigen por partidos políticos, esto quiere decir que más de tres cuartas partes de Oaxaca no podrían proponer iniciativas de ley y por ende no participarían en la vida política del país.
También se tocaron temas irrelevantes para la sociedad, pero sí, de interés para los servidores públicos, como es el caso de las licencias para el Presidente de la República y el cambio de fechas para la realización de algunas actividades del Congreso de la Unión.
El segundo punto de este artículo refiere a la reforma energética, la cual pretende reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que actualmente establece que existen áreas estratégicas del Estado, entendiendo a éstas como aquellas actividades que únicamente las puede desempeñar el Estado, dentro de las cuales podemos mencionar; correos, telégrafos, petróleos, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad, entre otras. Existen también áreas prioritarias del Estado, que son actividades sumamente importantes para la nación, pero pueden ser concesionadas o sujetas a permiso, dentro de ellas podemos mencionar a los ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, etc. Con la reforma energética las actividades reservadas para el Estado, en materia de hidrocarburos, podrán ser explotadas por empresas privadas mediante contratos para la exploración y extracción del petróleo y gas, con lo cual la renta petrolera se quedara en manos de los entes privados, pagando por ello únicamente un impuesto al Estado Mexicano.
Cabe destacar que el petróleo es un recurso natural no renovable y actualmente también es una de las principales fuentes de energía para los países, es por ello, que una reforma energética en este sentido simplemente perjudicaría más a nuestro Estado y los beneficios que de ello se obtuvieran serian menores a los daños causados al país por la explotación de estos recursos.
Por último las otras reformas como lo son la educativa y la hacendaria, han ocasionado una serie de inconformidad en la sociedad mexicana, al grado que se han realizado enfrentamientos en el Distrito Federal y en algunos otros Estados de la República Mexicana, es por eso, que las reformas planteadas por el gobierno federal, deben de enfocarse a las necesidades que vive el país y no así para atender asuntos políticos, compromisos con otros países y con empresas nacionales y asuntos de intereses partidistas.
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