La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), con fundamento tanto en la ley que creó este organismo público, autónomo y ciudadanizado como en su reglamento interno, da seguimiento a las acciones que realizan autoridades de procuración de justicia sobre los casos de violencia contra mujeres que se registran en la entidad.
Ejemplo de ello, es la apertura de oficio del Expediente DDHPO/CA/297/(24)/OAX/2013 que se refiere a la desaparición y homicidio en agravio de la persona identificada como Elizabeth Martínez Cruz, originaria del municipio de San Pablo Villa de Mitla.
Al respecto se solicitó al procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, informe sobre el avance de la averiguación previa que se abrió al respecto.
Sobre la violencia feminicida que se ha documentado en Oaxaca por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y por organismos civiles, este organismo condena todo tipo de violencia de género que se suscite en el territorio estatal y reconoce que la violencia feminicida es la manifestación más atroz de cualquier tipo de discriminación.
En tal sentido, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 21, la violencia feminicida “es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Mientras que el Artículo 7 establece que la violencia familiar “es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.
Y la violencia contra las mujeres se define como “cualquier acto u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte en el ámbito privado como en el público”, de acuerdo a la misma ley.
Así, la DDHPO considera que la participación de la sociedad civil es fundamental para visibilizar la magnitud del problema de la violencia en contra de las mujeres, ya que gracias trabajos como el denominado Informe Ciudadano Feminicidio y Violencia Contra las Mujeres en Oaxaca 2011-2012, eleborado por una veintena de organismos civiles, se conoce de una mejor manera la situación real que guarda esta problemática en nuestro estado y consecuentemente vigilar aquellas áreas de la administración pública que están fallando en la atención de la problemática.
En tal sentido, este organismo reconoce que la violencia de género y la violencia feminicida es un problema estructural que se da por la asimetría que existe en las relaciones de poder entre mujeres y varones, razón por la cual se hace necesario y urgente que el Estado adecue el marco legal y ejecute políticas públicas para equilibrar dichas relaciones entre géneros.
De igual forma, para lograr erradicar la violencia contra las mujeres, en la familia, en la comunidad y por sus actos mismos, el Estado deberá trabajar en abatir la pobreza, el acceso desigual a la educación, la desigual participación de la mujer en las estructuras políticas y económicas del estado y del ejercicio del poder.
Asimismo, se deben diseñar y aplicar políticas públicas para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de la mujer y para reconocer el aporte de su trabajo, atendiendo a los estándares que establecen diversos instrumentos internacionales como la Declaración de la Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre las mujeres y la Plataforma de Acción de la XXIII sesión especial de la Asamblea General de Beijing titulada Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI.
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