CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CARTA ABIERTA
C. Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
C. Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Cano.
C. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Diputado. Emmanuel Alejandro López Jarquín.
C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Maximino Vargas Betanzos.
Por peticiones específicas de mujeres y hombres periodistas de Oaxaca demandamos nuevamente la atención de ustedes para manifestar la preocupación, ya extendida en organismos internacionales y nacionales, sobre el ambiente negativo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, que sigue creciendo en el estado de Oaxaca, sin que se perciban acciones suficientes de su parte para detenerlo.
El 4 de abril de 2013, nuestra asociación acudió a la entidad, en una misión especial, para presentar una relatoría de los 10 casos de agra-vios a personas que ejercen las libertades de prensa y de expresión, que registramos en los primeros meses del año. Solicitamos entonces la actuación de ustedes. No obtuvimos respuesta formal del Titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tampoco decidió medidas especiales.
Lo que hace cinco meses era preocupación hoy se ha convertido en alarma porque hemos documentado que se elevó a 40 el número de agresiones a personas y medios vinculados al ejercicio del periodismo en la entidad y porque la impunidad fomentó un ambiente permisivo para que la violencia adquiriera niveles más altos, como lo refleja el asesinato del periodista Alberto López Bello el 17 de julio.
Por esas y otras razones solicitamos de ustedes medidas urgentes que puedan frenar este ciclo de agravios al ejercicio del periodismo y sienten bases para un medio ambiente jurídico y político de protección.
Al titular del Ejecutivo le instamos que la Procuraduría cumpla su instrucción de considerar como delito de “alto Impacto” el crimen contra el colega López Bello y reanuden las investigaciones, con la diligencia y seriedad que debe darse a este caso, y evitar que predomine el prejuicio de ninguna hipótesis, hasta que se esclarezcan los móviles y se castigue al o los autores. La impunidad en este caso sería, y es ya, aliento para más agresiones.
Al Congreso del Estado le solicitamos atender la propuesta de procesar y aprobar una ley de protección al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, que contemple derechos para ejercer, la creación de un mecanismo estatal de protección y de fomento a la titulación y capacitación profesional continua, como la que propuso, hace unos días, un grupo de profesionales de la prensa de Oaxaca.
Al Defensor de los Derechos Humanos le requerimos crear la instancia interna, que ofreció al empezar el año, que lleve la relatoría de la libertad de expresión y agravios a periodistas, que también vigile el cumplimiento de las obligaciones legales que tienen los tres poderes del estado para que sean plenamente vigentes los derechos a la información, de libertad de expresión y de prensa.
Por nuestra parte seguiremos acompañando a periodistas en riesgo, atendiendo las peticiones de apoyo y estimulando el mejor desempeño profesional de todas y todos los colegas que coincidan en mejorar el ambiente para ejercer el periodismo en Oaxaca.
La Casa de los Derechos de Periodistas A.C., como es de su conocimiento, tiene como tareas fundamentales la defensa de la libertad de expresión y de los derechos e integridad de periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, especialmente cuando los ambientes se tornan agresivos contra el ejercicio de su actividad y lastiman, tanto sus derechos fundamentales que respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías que México ha respaldado en tratados, acuerdos y convenciones internacionales para ejercer los derechos universales de manifestación, organización, de prensa y de expresión.
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