Said Hernández
“Fortuna Silver Mines”, Empresa Canadiense, continúa operando bajo la protección de autoridades el recurso natural y aumentado su producción, denunció la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
“Este Gobierno siempre ha ofrecido sus capacidades para propiciar el diálogo y la superación de las diferencias en un marco de respeto en cualquier conflicto social, y no cejará en su empeño de favorecer condiciones para que las diferencias en San José del Progreso se superen en el marco de la Ley y el Estado de Derecho”, dijo El Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, el pasado 15 de marzo del 2012, día en que fue asesinado Bernardo Vásquez Sánchez, opositor al proyecto minero “Cuzcatlán” en San José del Progreso, Ocotlán.
Sin embargo, desde el año 2010 el conflicto en esa comunidad de Oaxaca, ha cobrado la vida de cinco personas defensoras de sus recursos naturales y derechos sociales. Crímenes que hasta la fecha han quedado impunes.
“A tres años, no hay avances significativos por parte de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJEO) sobre estos asesinatos, algo realmente preocupante y lamentable”, dijo Neftalí Reyes Méndez.
Quién remarcó:
“La empresa minera anunció el aumento de la capacidad de producción, evidentemente el Estado sigue promoviendo este modelo de desarrollo, protegiendo la inversión privada sin garantizar los derechos naturales y sociales de nuestra comunidad”.
En ese sentido, Los comuneros explicaron en entrevista con “Tucán”, que existe protección de las autoridades locales, pues en días pasados, en un hecho incidental se logró la captura el ex munícipe, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, quién cuenta con orden de aprehensión por el asesinato de Bernardo Vásquez, sin embargo, inmediatamente fue puesto en libertad, por lo que exigieron al Procurador una explicación, sin respuesta alguna hasta el momento.
Por otra parte, luego de concluir una misión civil de observación iniciada en el 2012, en donde se documentó la violación sistemática a los derechos de la población, los integrantes de la CPUVO sostuvieron una reunión con la PGJEO, así también con representantes de la Embajada Canadiense y la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO) en el año 2014, para determinar responsabilidades sobre los hechos violentos.
“Las autoridades Estatales e Internacionales, se lavaron las manos y dijeron no ser responsables de los hechos, satanizando a nuestros compañeros por ser opositores de la actividad minera. Esto habla de la irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno”, manifestó Reyes Méndez
Por tal motivo, los inconformes advirtieron continuar en su lucha, pese al constante hostigamiento e intimidación que viven.
Los denunciantes recordaron que al menos otras 8 personas han sufrido atentados por el conflicto minero y en dos ocasiones la Policía Estatal Preventiva ha intervenido para desalojar a los habitantes durante el bloqueo a la empresa canadiense, así como en los tramos carreteros que comunican a la población y a la Costa oaxaqueña.
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