Julisa Sánchez
A través de videos fueron denunciadas al menos cuatro agresiones contra diferentes mujeres, por parte de elementos de la Policía municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal y San Jacinto Amilpas, acusaciones que no han tenido eco en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, órgano encargado de vigilar y hacer respetar los derechos de la mujer, mediante la prevención y ejecución de programas, principalmente.
La institución a cargo de Elisa Zepeda Lagunas se aleja de su objetivo, tal como lo hizo su antecesora, Ana Vásquez Colmenares, quien durante el sexenio de Alejandro Ismael Murat Hinojosa guardó silencio ante los más de 700 casos de feminicidio que obligaron a emitir una alerta nacional para Oaxaca, la cual se mantiene estática.
Hasta el momento, la Secretaría de la Mujer no ha dado un reporte real sobre los casos de violencia y feminicidios recientes, así como los avances en materia de justicia para las víctimas, mucho menos difusión de información para evitar agresiones, protocolos a seguir en caso de ser probables víctimas y la promoción de la denuncia.
Por otra parte, el acompañamiento a las denuncias públicas también se encuentra en la congeladora por los responsables en el sector a diferencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO, quien ya ha emitido una alerta por las agresiones de los uniformados contra la mujer.
Finalmente, el gobierno de Oaxaca, a cargo del Ingeniero Salomón Jara Cruz, ha dado pauta para el no respeto al género, evidenciado en el violento desalojo a las mujeres triquis de San Juan Copala, en el Palacio de Gobierno al inicio de su mandato.
Otro caso solapado por la actual administración estatal es el de la expresidenta de San Jacinto Amilpas, Yolanda Adelaida Santos Montaño, quien fue denunciada por ejercer violencia de género en contra de dos regidoras durante su gestión, quien actualmente fue premiada con el cargo de subsecretaría de prevención de la violencia de género en la Secretaría de la Mujer.
Además, en reiteradas ocasiones mujeres oaxaqueñas han denunciado públicamente a funcionarios de Jara Cruz por omisión de responsabilidades en el derecho a la pensión alimentaria, violencia de género, acoso sexual y despidos injustificados, entre otras agresiones al género femenino sin que las súplicas sean escuchadas.
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