Said Hernández / Tucán
El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ejecutado durante un evento público el 1 de noviembre, volvió a exhibir la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado y colocó al país en un punto de tensión social que recuerda episodios de rebelión civil. El edil fue atacado mientras participaba en actividades del Día de Muertos, frente a familias y visitantes. A pesar de contar con “seguridad” debido a amenazas previas, los agresores actuaron con precisión y sin resistencia real. El crimen provocó reacciones inmediatas y expresiones de indignación entre la población, que acusa al gobierno federal de fracasar en el control del territorio y en la protección de sus gobernantes.
Habitantes de Uruapan denunciaron que el municipio, al igual que otras regiones del país, vive sometido al cobro de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos. “Si pueden matar a un alcalde protegido, ¿qué puede esperar un ciudadano común?”, expresó un visitante en la capital tras el ataque. El caso se suma a una larga lista de asesinatos y atentados contra autoridades en México en los últimos años, que confirman el avance de los grupos criminales en decisiones municipales, contratos, obras y recaudación ilegal.
El homicidio ocurre tras años de promesas incumplidas por parte de gobiernos de distintas administraciones federales. Desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, todos prometieron recuperar la seguridad y proteger el bienestar de las familias. Sin embargo, la realidad muestra que el crimen organizado mantiene control territorial y opera con capacidad de fuego en varias entidades del país. La ciudadanía culpa al poder público de permitir el crecimiento de las organizaciones criminales, al grado de equipararlo con complicidad por omisión.
En Michoacán, figuras como el doctor José Manuel Mireles encabezaron en el pasado movimientos de autodefensa cuando el Estado se declaró incapaz de frenar a los delincuentes. Ese antecedente hoy vuelve a mencionarse entre habitantes que exigen respuestas inmediatas. “El Estado debe ser el Leviatán que elimine a los criminales, no su cómplice”, dijo frente a empresarios el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al cuestionar cómo es posible que grupos delictivos controlen territorios completos mientras los gobiernos se muestran impotentes. La frase se viralizó en redes y hoy circula entre ciudadanos michoacanos como un reclamo: no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia… a menos que esa delincuencia forme parte del poder.
El clima social que se respira en Michoacán recuerda lo ocurrido en Oaxaca en 2006, cuando la falta de respuesta del gobierno ante agravios sociales derivó en un movimiento masivo que tomó las calles y paralizó la capital del Estado. Aquella experiencia mostró cómo un vacío de autoridad puede transformarse en organización y control ciudadano. Activistas advierten que Michoacán podría entrar en un proceso similar si la población percibe que las instituciones ya no funcionan.
Tras el asesinato del edil de Uruapan, el sentimiento dominante no es solo duelo, sino hartazgo. La exigencia de justicia ha evolucionado hacia un rechazo frontal al Estado por permitir que grupos criminales operen con libertad. Las movilizaciones ciudadanas empezaron a articularse con discursos que hablan de autodefensa, rebelión civil y desconocimiento de autoridades si no se restablece el orden. La tensión avanza hacia una pregunta que recorre Michoacán y otros estados: si el gobierno no puede proteger ni a un alcalde, ¿quién protegerá al pueblo?
El riesgo es claro: si la autoridad sigue ausente, el país podría presenciar el nacimiento de una nueva insurrección social.
Fotos: Michoacán RS.
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