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Dentro del Paquete Económico para este año, el gobernador Salomón Jara presentó el proyecto de Ley de Ingresos 2024, en el artículo 25 se contempla el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar que incorpora una serie de incentivos para que se regularice la tenencia de la tierra. Este acto fue avalado por la legislatura local (en su mayoría de MORENA), mediante la aprobación de la Ley Ingresos y el Paquete Fiscal 2024.
Esta acción desató una serie de declaraciones de actores políticos, organizaciones, comunidades agrarias y ejidos de diversas regiones del estado, pese a las protestas la iniciativa fue aprobada. Los afectados argumentan la gravedad de la actuación de un gobernador que se ha identificado como indígena, pues la citada iniciativa violenta la autonomía y el orden constitucional. Todo esto se da en el contexto de la inauguración del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
La medida coloca en el ojo del huracán el tema de la propiedad social, la erosión de la misma que desde 1992, el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari, impuso desde la contrarreforma agraria que dio paso a la privatización. Los actores interesados (gobiernos transnacionales, empresas, particulares) celebraron este hecho pues se suponía que entrabamos a la modernidad.
La Procuraduría Agraria y todo el sector agrario federal enfocó sus baterías a promover los programas de certificación de las tierras ejidales y comunales como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) así como su versión para comunidades: PROCECOM. Luego, en 2007 el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y actualmente el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA). Todo bajo la intención de terminar con la propiedad social, “obstáculo” para el desarrollo de proyectos extractivos en el estado de Oaxaca.
El saldo ha sido desastroso para los núcleos agrarios que aceptaron o fueron condicionados para ingresar a estos programas: mediciones irregulares, parcelas mal medidas, padrones de ejidatarios con irregularidades, conflictos con núcleos colindantes. Los beneficios o proyectos que se prometieron a los ejidos y comunidades nunca llegaron. Aquellos que resistieron ese embate hoy son llamados NUCLEOS AGRARIOS SIN REGULARIZAR, medida discriminatoria que ha colocado en una serie de dificultades en lo cotidiano a ejidos y comunidades agrarias que tienen que hacer trámites engorrosos y costosos, y esperar más tiempo en la obtención de sus trámites. La Procuraduría Agraria en muchos casos ha omitido su vocación de asesoría y defensa de los derechos de los sujetos agrarios como establece el artículo 135 de la Ley Agraria y se ha convertido en aliado de empresas de todo tipo. Por años se han desgastado las asambleas agrarias, se ha dejado de actualizar padrones de ejidatarios y comuneros. Disminuyendo la posibilidad de la defensa de los territorios. La junta de conciliación agraria del gobierno del estado sigue siendo un aparato sin atribuciones y presupuesto para atender al sector.
El argumento gubernamental es el aumento de la recaudación al gobierno estatal y los municipios, sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha beneficiado a los y las cuidadoras de los territorios protegidos por la propiedad social. Los municipios en la mayoría de los casos no distribuyen a las agencias y localidades los recursos de los Ramos 28 y 33, se colocan además como uno de los ámbitos más opacos y con malas prácticas de rendición de cuentas a las y los habitantes.
Violentando el marco de leyes en un sistema federal, el gobierno estatal promoverá su PROCEDE a modo, la pregunta sigue siendo vigente CERTEZA JURIDICA ¿Para quién? Desde siempre el capital voraz argumenta que la propiedad social es un peligro para las inversiones. Toca entonces volver a fortalecer los mecanismos colectivos de toma de decisiones (asambleas) los trabajos colectivos para el cuidado del territorio, la incorporación de mujeres y jóvenes en los espacios colectivos de participación, la formación política y la construcción de narrativas comunitarias, porque el capital y sus operadores vendrán una y otra vez a donde hay un interés de comprar y vender, hasta el aire.
Ofrecemos en este sentido la infografía titulada *Dominio Pleno, que el marco de la campaña Luces de la Resistencia, que elaboraron organizaciones, para su difusión y promoción es los espacios de reflexión, que tiene la intención de explicar las consecuencias y alternativas para seguir cuidando la propiedad social.
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