Caso Diego Paz, sin alcanzar a mandos y corresponsables
Julisa Sánchez
Luego del anuncio del gobernador del Estado, Ing. Salomón Jara Cruz, para dar fin a los operativos alcoholímetros en 5 municipios de Oaxaca por tener conocimiento de graves violaciones a los Derechos Humanos, las quejas han disminuido, sin embargo, la decisión del ejecutivo derivó del homicidio de Diego Paz.
El pasado 31 agosto del presente año en el municipio de Santa Lucía del Camino, se registró uno de los crimenes más atroces a manos de policías de esa comunidad, durante un operativo alcoholímetro fue asesinado el joven estudiante de la Universidad Anáhuac, caso que aún continúa impune.
60 días han transcurrido, donde la sociedad, familiares, amigos y compañeros del estudiante han realizado diversas protestas en exigencia de justicia, la cual no ha alcanzado a los mandos policiacos y los corresponsables.
Una de las peticiones a los tres poderes del Estado de Oaxaca ha sido la destitución de Juan Carlos García Márquez, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, demanda que vincula al gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, por ser sabedor de las graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos policiacos.
En ese sentido, Jara Cruz, aún no ha presentado públicamente y ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO), sus informes sobre lo argumentado desde el Palacios de Gobierno, situación que preocupa a la sociedad por tratarse de un caso de encubrimiento.
Estos datos se extienden a los municipios de Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas, donde también los abusos de autoridad han sido exhibidos por las víctimas a través de imágenes y vídeos.
Otra de las exigencias ciudadanas es la rendición de cuentas sobre los ingresos millonarios que ha dejado la instalación de los operativos, donde también se denuncian los cobros estratosféricos, principalmente en Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Amilpas.
Mientras tanto, la orden del gobernador de Oaxaca ha disminuido los abusos a los derechos humanos en los 5 municipios, sin embargo, en algunos aún continúa el acecho policíaco a los infractores a través del operativo hormiga.
El Caso de Diego Paz, mantiene una indignación social contra las autoridades responsables, las cuales ya se preparan para asumir el poder por reelección, dejando una puerta a la impunidad por tres años más.
Finalmente, Oaxaca continúa sumergido en un escenario de violencia y luto, con más de 600 homicidios en el año 2024, sumándose otros delitos de impacto social.
La primavera oaxaqueña se alejó del discurso de paz y desarrollo, siendo el reclamo diario en salud, seguridad, educación y justicia por parte de los ciudadanos.
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