Gregorio García
Según el acervo jurídico virtual de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la buena reputación como requisito para ser Ministerio Público (garante de la defensa de los derechos de las personas), refiere a “una serie de virtudes cívicas que los constituyan en ejemplo de vida, es decir, es el reconocimiento de que toda persona humana está investida de una alta dignidad y que como tal merece ser tratada, de modo que el núcleo esencial de todos sus afanes a lo largo de esta vida ha sido siempre la persona y el respeto incondicionado a sus derechos”.
También argumenta que “quienes encabecen y realicen esta responsabilidad deben ser personas de gran altura moral, capaces de generar confianza en la sociedad por la solidez de su honestidad y el apego a aquel conjunto de virtudes cívicas que los constituyan en ejemplo de vida”.
La Buena Reputación es uno de los requisitos esenciales que marca la Constitución Política del Estado de Oaxaca en el Titulo VI de los Órganos “autónomos” del Estado, artículo 114, apartado D, que a la letra reza:
“Para ser Fiscal General del Estado de Oaxaca, se requiere: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso”.
En ese sentido, los Diputados de Oaxaca, en su mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) tomaron protesta esta tarde al ex Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, luego de “analizar” una serie de registros de aspirantes. Sin embargo, el nombramiento no cumple con lo estipulado en la Constitución Local, es decir, los diputados violaron la carta magna de los oaxaqueños al ignorar uno de los requisitos esenciales para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia de Oaxaca (FGJEO), la Buena Reputación.
Con ello, la inconformidad social y legislativa, además de consorcios de mujeres y grupos de litigantes, quienes en una ola de comentarios en las distintas redes sociales y grupos de WhatsApp han descalificado el trabajo de los legisladores, por ignorar los requisitos esenciales al cargo, repitiendo así la historia.
Explicaron que lo mismo ocurrió hace años durante el nombramiento de la exprocuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, quien no cumplió con la edad requerida en la constitución, además de los años de experiencia para representar el cargo, la designación fue en el periodo de Ulises Ruiz Ortiz.
Arturo Peimbert, nuevo fiscal de Oaxaca, ocupó cargo como “defensor” del Pueblo de Oaxaca en el periodo 2012-2019 sin asistir a su sede, en una administración de puertas cerradas, además de utilizar los bienes materiales y nómina en beneficio de organizaciones sociales afines a sus pretensiones políticas y no propias de la DDHPO, Organizaciones No Gubernamentales que mostraron su respaldo en el breve camino a su nuevo cargo.
Con ello, la Procuración de Justica en Oaxaca en un nuevo periodo inicia con el pie izquierdo con un panorama nada favorable para las múltiples demandas de justicia que no han sido atendidas y que han dejado una gran estela de impunidad.
Cabe señalar, que algunas agrupaciones de abogados valoran el interponer un recurso legal para la revocación del mandato ante la violación a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
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