- Cuestionan Legisladores la “torpeza e incapacidad” con que se elaboró la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque NO fueron incluidas 44 pruebas documentales que piden.
SAN RAYMUNDO Jalpan, Oax.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Emmanuel Alejandro López Jarquín, exhortó al titular del Poder Ejecutivo estatal para que conduzca los litigios de defensa del territorio de los Chimalapas con eficiencia y eficacia jurídica, y a ello se sumaron las fracciones parlamentarias del PRI, PT, Partido Movimiento Ciudadano (MC) y PAN.
En tribuna, el legislador López Jarquín, también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la invasión del territorio histórico de Oaxaca por parte de ciudadanos y a través de actos de autoridades del Estado de Chiapas, “es un hecho que inquieta e irrita al pueblo oaxaqueño y nuestra dignidad”.
“Por ello, es deber del Gobierno del Estado ejercer todas las acciones legales y políticas existentes para la defensa de nuestro territorio”, subrayó en asuntos generales de la sesión ordinaria de Congreso celebrada este miércoles, presidida por el presidente de la Mesa Directiva, Javier Villacaña Jiménez, del PRI.
Por su parte, el abogado y diputado Elías Cortés López, de la fracción parlamentaria del PRI, cuestionó la “torpeza e incapacidad” con que se elaboró la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual no fueron incluidas 44 pruebas documentales que pide el máximo tribunal de justicia de la nación.
A su vez, el legislador Flavio Sosa Villavicencio, de la bancada del PT, se pronunció en tribuna por celebrar una “reunión urgente” entre una comisión de Diputados estatales y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, a fin de abordar este tema y revisar la documentación que presentará el titular del Poder Ejecutivo estatal ante la SCJN.
En tanto, la diputada Margarita García García, en nombre propio y de la fracción parlamentaria de su partido, el MC, pidió que el Gobierno del Estado dé a conocer el nombre del despacho de abogados que elaboraron la controversia constitucional.
Dijo que en Oaxaca hay buenos licenciados en Derecho que pudieron haber sido contratados, en lugar de traer “a gente de fuera que no conoce ni ama a la entidad”. Demandó, además, la renuncia al caso de los abogados que no hagan bien su trabajo.
En su oportunidad, la legisladora Martha Patricia Campos Orozco, de la bancada del PAN, consideró que los errores que se han cometido en la elaboración de la controversia constitucional se deben “a los malos abogados que han sido contratados”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Emmanuel López Jarquín, se refirió a las controversias constitucionales interpuestas ante la SCJN por los Poderes del Estado el 5 de diciembre, registrada con el número 121/2012, y el Municipio de Santa María Chimalapa, que quedó en la estadística con el número 96/2012.
Ambas controversias constitucionales fueron interpuestas para impugnar los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, para crear el municipio de Belisario Domínguez sobre el territorio oaxaqueño.
El Legislador perredista explicó que con el objeto de llevar una defensa unitaria y no caer en contradicciones entre los propios poderes del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal del Poder Legislativo no tuvo inconveniente en que fuera la Secretaría General de Gobierno la encargada de elaborar la demanda conjunta de controversia constitucional.
Por ello, dijo que causa inquietud que en la lista de acuerdos del 7 de diciembre, la SCJN advierta que no fueron exhibidas materialmente 44 pruebas documentales ofrecidas y relacionadas en los escritos de demanda.
“Es decir, que prácticamente las pruebas documentales que son fundamentales en la estrategia de la defensa no fueron exhibidas por descuido o negligencia en el mejor de los casos”, advirtió.
El diputado López Jarquín expuso que conforme al Artículo 32 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política federal, las pruebas documentales pueden presentarse y relacionarse en la propia audiencia de ley, por lo que se podría decir que el error es subsanable dentro del procedimiento constitucional.
“Sin embargo, no deja de ser preocupante que este tipo de errores empiecen a ser recurrentes en cada acción constitucional emprendida”, cuestionó.
Dijo que aún no se olvidan los requerimientos realizados dentro del procedimiento de la controversia constitucional registrada bajo el número 5/2012, activada por los mismos hechos, donde el pleno de la SCJN se declaró finalmente incompetente.
Además, señaló que en la lista de acuerdos de este miércoles en el máximo tribunal de justicia del país, hay un requerimiento para el síndico del municipio de Santa María Chimalapa, para que aclare su escrito de ampliación de demanda, a efecto de que pueda acordarse lo procedente.
“Es decir, que la defensa se está realizando con evidente torpeza, ya que se presenta un escrito obscuro que no precisa la causa de pedir, motivo por el cual se hace el requerimiento de aclaración”, puntualizó.
Por otra parte, en la sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Javier Jiménez Villacaña, tomó la protesta de ley a José Manuel Victoria Mendoza, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, para el periodo de un año, en virtud de que éste no asistió la semana pasada cuando asumieron sus compañeros consejeros.
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