David Ortiz
Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Oaxaca y dentro del catálogo del Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Palacio de Gobierno de Oaxaca o “la casa del pueblo”, se encuentra invadido por el comercio informal, bajo el amparo de los conflictos sociales de la entidad.
Lonas, baños, tendederos y estructuras de fierro, hacen que la belleza del inmueble inaugurado un 15 de septiembre de 1884, muestre una imagen de abandono.
La historia sobre la invasión del portal de Palacio de Gobierno y del acceso lateral sobre Flores Magón, se registró en el año 2010 cuando arribaron a la capital las familias desplazadas de San Juan Copala, denunciando violencia en la Región de la Mixteca.
En ese entonces, organizaciones sociales, activistas y familias desplazadas organizaron un retorno ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades al “Caso Copala”, advirtiendo de la violencia armada. Sin embargo, el pasado 27 de abril del 2010 la caravana que partió de las puertas del Palacio de Gobierno de Oaxaca sufrió una emboscada que dejó varios heridos y el asesinato de los activistas Jiry Jaakkola y Beti Cariño, homicidios que se mantiene en la impunidad.
Fue en el año 2012, cuando se logró un “Acuerdo de Paz” firmado por el entonces Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, con representantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), para un retorno pacífico de los desplazados de San Juan Copala, sin embargo, fue desechado ante la falta de garantías para el ingreso, por lo que las familias regresaron de nueva cuenta a su campamento en el corredor del Palacio de Gobierno, acción que se extendió a todo el corredor para la instalación de puestos que cuentan con permisos del municipio de Oaxaca de Juárez para venta de artículos.
Mientras tanto, Reyna Martínez y Lorena Merino quienes abanderaban la denuncia y exigencia al Estado por la paz de su comunidad, dividieron el movimiento ante la entrega de recursos y beneficios, que en su momento ocuparon para denostarse.
Finalmente, el conflicto con más de 11 años no ha sido resuelto por las malas políticas públicas para el regreso seguro de las familias desplazadas, por lo que el campamento se ha extendido junto con otras organizaciones en el Palacio de Gobierno de Oaxaca y sus alrededores, dando la imagen de la actual administración de Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
En ese sentido, la entidad permanece en una grave crisis económica, de salud, seguridad y justicia.
Spanish