Julisa Sánchez / #Tucán
La secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión del Gobierno de Oaxaca, Vilma Martínez Cortés, se encuentra en el centro de los cuestionamientos luego de que fuera captada descendiendo de una lujosa camioneta durante una supuesta gira de trabajo en la región del Istmo hace unas semanas.
Ante los serios señalamientos, la funcionaria declaró esta tarde ante medios de comunicación que la unidad no pertenece al gobierno estatal, sino que fue “rentada” temporalmente para realizar una gira de trabajo que, según indicó, se prolongó durante siete días. Argumentó que el vehículo oficial que normalmente utiliza se encontraba en servicio, motivo por el cual se recurrió al arrendamiento de otra unidad.
“Pueden estar tranquilos, la camioneta fue rentada”, afirmó la secretaria.
Sin embargo, la explicación no ha frenado los cuestionamientos públicos. Diversos sectores nuevamente se preguntan cuánto costó realmente el arrendamiento, qué empresa proporcionó el servicio y bajo qué criterios se autorizó la renta de una camioneta de lujo para una gira institucional.
Las dudas y la indignación crecen en un Estado donde las carencias sociales siguen siendo profundas. Oaxaca continúa figurando entre las entidades con mayores niveles de pobreza del país, mientras que estancias infantiles requieren recursos para mejorar condiciones de seguridad, comunidades denuncian falta de medicamentos e infraestructura hospitalaria, obra, servcios, etc., además que la infraestructura educativa enfrenta rezagos que afectan la calidad de la enseñanza.
Frente a este panorama, la utilización de una camioneta de alta gama para actividades personales y oficiales ha generado críticas sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y las decisiones administrativas dentro del gobierno estatal.
La polémica también abre otras interrogantes sobre los mecanismos de control del gasto público, pues hasta el momento no se ha informado el monto total erogado por la renta del vehículo, el contrato correspondiente, y si el servicio forma parte de un esquema de arrendamiento habitual con proveedores del gobierno.
En ese sentido, el caso plantea una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿es justificable recurrir a vehículos de lujo para giras de trabajo cuando las necesidades sociales del estado siguen siendo urgentes?
La discusión ahora se centra en si el gobierno de Oaxaca transparentará los costos y condiciones de este arrendamiento, o si el tema quedará como un nuevo episodio de cuestionamientos sobre el uso del erario público en tiempos de austeridad prometida.
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