- El Legislador solicita revisar los mecanismos fiscales porque afectan la producción artística en Oaxaca + Señala que los gobiernos estatal y municipales imponen a los creadores trámites y cargas que desestimulan la difusión de la cultura + Propone modificar la Ley Estatal de Derechos
SAN RAYMUNDO JALAN, Oax.- Tras denunciar que las imposiciones fiscales aplicadas a las artes tienen un impacto negativo sobre el acceso de la sociedad a la creación artística, el diputado presidente de la Comisión Permanente de Cultura de la LXI Legislatura del Estado, Flavio Sosa Villavicencio, propuso modificaciones a la Ley Estatal de Derechos.
Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente celebrada este martes, el Legislador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), consideró necesario derogar el párrafo segundo del Artículo 8 y la adición del Artículo 8 bis a la referida Ley Estatal de Derechos.
Argumentó que cuando un gobierno no tiene la capacidad de cumplir de manera directa una obligación con la ciudadanía suele pagar a un tercero para que a su nombre desarrolle una u otra tarea, lo cual es entendible en diversas áreas, pero en la cultura los creadores padecen de altos impuestos para mostrar su obra, lo cual repercute en el acceso universal a la cultura.
Recordó que el derecho a la creación artística es un derecho humano, lo que implica la obligación gubernamental de proporcionar a su población el acceso a las artes y la cultura; sin embargo, esta responsabilidad es cubierta por los propios creadores a quienes el gobierno no paga, antes al contrario les colma de impuestos.
Estos preceptos, enumeró, están contenidos en la promulgación que la UNESCO hizo el 27 de octubre de 1980 para recomendar a los Estados miembros, entre los que se encuentra México, garantizar a toda la población el acceso al arte y reconocer que el arte tiene un papel importante que desempeñar en la educación.
De los acuerdos de dicha promulgación, el diputado Sosa Villavicencio resaltó la obligación del Estado para proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de creación; además del reconocimiento de que el arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades.
Dentro de los principios rectores de ese tratado internacional, resaltó que “dado que una obra de arte no debe considerarse como bien de consumo ni como inversión, se invita a los Estados miembros a buscar las formas de “suprimir los impuestos indirectos sobre el precio de una obra o una representación artística a nivel de su creación, difusión o su primera venta en beneficio de los artistas o del desarrollo de las artes”.
Para acatar el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a gozar de las artes”, consideró vital revisar los mecanismos fiscales que afectan la producción artística en Oaxaca.
En este sentido, sostuvo que “las obligaciones internacionales relacionadas con el acceso a la cultura no han sido tomadas en cuenta. Por el contrario, los gobiernos, tanto estatal como municipales, imponen a los creadores una serie de trámites y cargas fiscales que desestimulan la creación artística y la difusión de la cultura.
Lo anterior, dijo, se observa claramente en la Ley Estatal de Derechos, propuesta por el Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso local el 20 de diciembre del 2011 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Sosa Villavicencio explicó que en dicha ley se establecen los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del Dominio Público, con el que se definen los montos por el uso de espacios culturales en poder del Gobierno estatal, lo cual resulta oneroso o inalcanzable para los creadores locales que carecen de financiamientos gubernamentales, empleando sus propios recursos para aportar a la creación artística.
La propuesta busca que el Estado clasifique y obligue de manera diferente a las grandes empresas dedicadas al negocio del espectáculo, y por otro lado, a los creadores locales que poseen limitados recursos económicos para realizar su trabajo.
En marzo de 2012 se publicó la Ley Estatal de Derechos que en materia de pago de espacios culturales se hará mediante la entrega de 50 por ciento de los ingresos en taquilla, además del 50 por ciento de los derechos prevista por la citada ley, lo que resulta absurdo.
Sosa Villavicencio detalló su petición: “Que esta soberanía intervenga en favor del desarrollo cultural de nuestro Estado, no propongo, como pienso que sería nuestra obligación, eliminar el cobro de estos derechos a nuestros artistas locales independientes”
“Propongo solamente disminuir esa imposición, de una manera en la que seguramente podremos estar de acuerdo las y los diputados de las distintas representaciones partidistas”.
De manera más concreta, propuso una nueva modalidad para que los artistas locales puedan acceder a los espacios públicos, sin que ello represente una carga para el erario, ni la renuncia a la obligación gubernamental de garantizar el acceso de las personas a la creación artística, de tal suerte que los creadores puedan pagar esos escenarios mediante porcentaje de taquilla, cuando el costo no exceda los dos salarios mínimos.
De esta forma, asentó, el pago por el espacio escénico no pueda ser mayor a 36 por ciento de los ingresos de la taquilla, con lo que esta medida establecería la actividad artística como un riesgo compartido entre el gobierno estatal, obligado a garantizar el derecho de sus ciudadanos a acceder a las creación artística y los propios creadores del arte.
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