Julisa Sánchez / Tucán
El reciente señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación por un probable daño a la Hacienda Pública municipal por más de 85 millones de pesos correspondiente a la cuenta pública 2024 no es un hecho aislado, es un capítulo más en una larga historia de observaciones, pasivos acumulados y presuntos desfalcos que nunca terminan en la cárcel.
En la última década, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ha acumulado deudas que superan los 238 millones de pesos ante el SAT por retenciones no enteradas, además de un pasivo histórico que llegó a rebasar los 386 millones de pesos entre laudos laborales, proveedores e impuestos no cubiertos, cifras reconocidas públicamente por las propias administraciones en turno
Los nombres han sido constantes en la vida política municipal, Luis Ugartechea Begué, José Antonio Hernández Fraguas, Javier Villacaña Jiménez, Oswaldo García Jarquín y posteriormente Francisco Martínez Neri, cada uno señalando irregularidades heredadas del anterior, cada uno denunciando cifras millonarias, pero ninguno llevando a su antecesor ante un juez con consecuencias penales firmes.
Hoy, bajo la presidencia de Raymundo Chagoya, el discurso vuelve a centrarse en saneamiento financiero y deudas heredadas, mientras la ciudadanía observa el mismo patrón repetirse, auditorías que exhiben montos millonarios, comunicados que aclaran, justificaciones técnicas y expedientes que no avanzan hacia procesos penales contundentes.
El resultado es una percepción creciente de impunidad estructural, donde la danza de los millones señalados se convierten en cifras mediáticas y no en responsabilidades judiciales, mientras los ex presidentes municipales continúan en la esfera pública, algunos fortalecidos políticamente y con patrimonios que contrastan con la crisis financiera que dejaron atrás.
Oaxaca de Juárez enfrenta no solo un problema contable sino un problema de justicia, porque mientras los recursos públicos observados se cuentan por cientos de millones, las consecuencias legales se cuentan en cero.
La ciudad sigue pagando deudas acumuladas, enfrentando carencias en servicios y obras, mientras el pasado administrativo permanece intocable, y el presente no muestra señales claras de romper el ciclo.
En la capital oaxaqueña, el desfalco se denuncia, se documenta y se reconoce, pero no se castiga, y esa es la herencia más costosa que hoy cargan sus ciudadanos.
Finalmente, el joven político Raymundo Chagoya tiene datos duros de su antecesor, desde el caso del Encierro Primavera que involucra a su actual regidora, hasta los déficit millonarios que abrazan a las administraciones pasadas, sin embargo, solo anuncia pero no castiga y la credibilidad cae en picada.
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