Metztli Beltrán.
Quien prive de la vida a una mujer por razones de género, es decir, cuando la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, necrofilia, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, así como amenazas, acoso, incomunicación y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, se conjura el delito de Feminicidio, tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal, sancionado con cuarenta a sesenta años de prisión y quinientos a mil días de multa, mientras que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Sin embargo, la falta de seguridad por parte de las corporaciones, las malas o nulas estrategias, en conjunto con la omisión de las autoridades en todos los niveles, hacen de este delito tan doloso una actividad cotidiana, con el factor constante de violencia, odio y el uso de armas de fuego o punzocortantes, actos cobardes cometidos por sus parejas, exparejas o familiares, hechos que han quedado grabados en la historia negra de México, y lo más grave que continúan en la impunidad.
En Oaxaca, aún con la declaratoria oficial de la Secretaría de Gobernación en el año 2018, de emitir una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), solo para 40 de 570 Municipios en total que tiene el Estado, regulada por el Poder Legislativo, parece no ser una acción suficiente que obligue a las autoridades responsables de prevenir estos actos feminicidas, así como salvaguardar la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, además de que la sanción para los agresores se cumpla a cabalidad. Por el contrario, los diputados locales no han hecho el esfuerzo suficiente por armonizar los marcos legales, revisar a fondo los vacíos de ley y reformar a favor de las víctimas.
La realidad del grupo más vulnerable de la sociedad en todas las comunidades de las 8 Regiones de Oaxaca, son las carencias con las que aún viven, desde no tener acceso a los principales derechos universales de salud, educación, seguridad y justicia, participación política, principalmente, es una violencia ejercida en contra de las mujeres, desde temprana edad y van creciendo y desarrollándose en esos ámbitos, sin el respeto y cumplimiento de lo que por ley les corresponde, con una vulnerabilidad que hace que la autoridad y en consecuencia los ciudadanos, normalicen la agresión moral, económica, física y psicológica.
Riveras de ríos, terrenos baldíos, parajes, casa habitación, plazas públicas y parques, se han vuelto escenarios de crímenes contra las mujeres, donde abandonan los cuerpos inertes de quienes fueron hijas, hermanas, madres, amigas, empleadas y profesionistas, con una vida hecha y arrebatada a manos de la falta de acciones gubernamentales efectivas, como en el último sexenio donde se registraron 715 feminicidios, según el Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos (GES Mujer).
El mismo estudio presentado por la organización no gubernamental, informó que en la actual administración estatal, iniciada desde el pasado mes de diciembre del 2022 a la fecha, se han registrado 41 muertes de mujeres con violencia.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que de 62 Municipios con presuntos delitos de Feminicidio en México, durante el mes de enero del 2023, se encuentra Santa Cruz Xoxocotlán y Santiago Suchilquitongo, con cuatro casos en total, mientras que en Huatla de Jiménez, Loma Bonita, Matías Romero Avendaño, San Andrés Huayapam, San Bartolo Coyotepec y San Pedro Pochutla, se encuentran seis incidencias registradas.
Cabe señalar que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), a cargo de Elisa Zepeda Lagunas, no ha implementado estrategias contundentes que protejan la vida del género femenino, tampoco se ha dado a conocer el presupuesto aprobado para financiar estas acciones que erradiquen la incidencia del delito penal: Feminicidio.
Finalmente, en este próximo 8 de Marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hasta el momento no hay garantías de una vida libre de violencia en todas las comunidades de Oaxaca.
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