Al presentar el informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, reveló estadísticas de la sistemática violación de los derechos humanos de 3.5 millones de jornaleros agrícolas.
Dicha situación, reconoció, ha generado recomendaciones de más de siete mecanismos de derechos humanos regionales y universales en materia de discriminación racial, alimentación, educación, derechos de los pueblos y derechos económico, sociales, culturales y de los migrantes.
Abel Barrera señaló que la población indígena migrante enfrenta condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas.
La problemática constante, explicó, es el incumplimiento en el pago de salarios, la falta de contratos por escrito, los malos servicios en los campos agrícolas, condiciones de trabajo deplorables y la existencia de autobuses que ponen en riesgo la vida de las y los jornaleros, entre otros.
En este sentido, comentó que 90 por ciento de los jornaleros realiza su trabajo sin un contrato formal; 72.3 por ciento gana por jornal o día de trabajo, 23.8 por ciento recibe su pago a destajo, o bien, 76.5 por ciento recibe su pago cada semana y 18.4 por ciento a diario.
Además no tienen acceso a la seguridad social, aunque su vida corra riesgo por los materiales tóxicos a que están expuestos, sobre todo en uso de agroquímicos prohibidos en otros países.
Por otra parte, subrayó que en México se estima que 405 mil 712 familias están en permanente movimiento entre sus zonas de origen y a las zonas que migran.
La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) realizada por la Secretaría de Desarrollo Social en 2009, en el país señala que cerca de dos millones 40 mil 414 personas, de manera temporal o permanente, realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República Mexicana.
La encuesta también señala que tres de cada cinco, es decir, 58.5 por ciento de jornaleros agrícolas que migran, provienen de municipios de muy alta o alta marginación, que se encuentran principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz y en menor proporción en Chihuahua Durango, Puebla, San Luis Potosí y Nayarit.
En particular, la región de la montaña, en Guerrero, se caracteriza por expulsar mano de obra a 16 entidades federativas del país, en un contexto de marginación y pobreza.
“La migración a los campos agrícolas se ha convertido en estrategia de sobrevivencia para pobladores indígenas ante el dilema de migrar o morir”, anunció.
Por otra parte, la ENJO 2009, indica que del total de la población jornalera agrícola, poco más de 3.5 millones son niños y niñas menores de 18 años, es decir, 38.9 por ciento del total. De la población infantil 727 mil 527 niños y niñas trabajan, lo que representa 20.4 por ciento, es decir, uno de cada cinco y sólo 59.2 por ciento del total de los niños y niñas que trabajan, lo hacen como jornaleros o jornaleras agrícolas.
Sin embargo, Abel Barrera destacó que las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno federal apuntan a que el problema se resuelve prohibiendo el regreso de los niños a los campos, sin atender que en la medida que el salario de sus padres siga sin ser remunerador y que no se amplié la red de estancias infantiles y escuelas, dicha prohibición es insuficiente.
El Estado, continúo, se ha limitado a crear programas para atender la situación de los migrantes pero que presentan deficiencias y no cuentan con un enfoque integral, por lo que se impide que las causas estructurales del éxodo de las familias indígenas sean atendidas de raíz.
En Sonora, Sinaloa y Guanajuato, por ejemplo, se constató que la población jornalera no tiene información sobre los programas sociales, las instancias infantiles no son gratuitas y la cobertura de programas es limitada.
Por ello, dijo, es urgente revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles, fortalecer el componente de promoción social en los programas de atención a la población jornalera, desarrollar y mejorar el marco normativo que fije estándares mínimos que deben cumplir albergues para jornaleros, diseñar clausulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios que se entregan a los campos, entre otros.
“Se debe garantizar que el Estado mexicano no financie violadores de derechos laborales como ahora ocurre” y que las autoridades federales y estatales de trabajo ejerzan con seriedad su facultad para asegurar que el monto de las sanciones por violar derechos laborales de los jornaleros disuada a los dueños de los campos de hacerlo, finalizó.
En tanto, Victoria Cruz, asesora técnica principal del Proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura del Programa IPEC de la Organización Internacional del Trabajo OIT, aseguró que la agricultura es uno de los sectores más peligrosos para trabajar desde cualquier edad.
Puntualizó que en América Latina, cerca de 14 millones de niños y adolescentes trabajan en actividades peligrosas o son víctimas de trabajo infantil y en México al menos tres millones de niños y adolescentes se encuentran en la misma situación, en que menos de un tercio labora en el sector agrícola.
Además, destacó que hoy el Secretario del Trabajo toma protesta de la Comisión Intersecretarial para la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en México, con lo que se da un gran paso para la protección de los jornaleros agrícolas.
Sin embargo, indicó, luego de conocer el informe en el que se ha documentado la violación de derechos de jornaleros agrícolas, es necesario intensificar los esfuerzos de los actores dar especial atención a situaciones de peligro que enfrentan los niños y sus familias, así como la aplicación real de políticas y la rendición de cuentas a través de la creación del sistema de monitoreo y evaluación, entre otros.
Por su parte, Manuel Othón Oliver Anzueto, de la dirección de Igualdad Laboral para Jornaleros, Indígenas, Jóvenes y Personas Privadas de su Libertad, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que el Gobierno federal ha desarrollado programas específicos para atender a ese sector de la población.
En este sentido, dijo, se desarrollan estrategias como el Proyecto Distintivo Empresa Agricola Libre de Trabajo Infantil que integra 61 empresas de Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Otro de ellos es el de Acreditación de las Habilidades y Certificación de las Competencias Laborales para Jornaleros Agrícolas con el que se ha reconocido el valor del trabajo que desarrollan los jornaleros y que ha logrado la certificación de 17 mil 375 desde 2008; así como el referente a la capacitación de autoridades comunitarias, jornaleros agrícolas líderes indígenas y no indígenas y para personas que de manera natural asumen funciones de contraloría social, en materia de derechos humanos, laborales y sociales.
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