Por Rogelio Hernández López
En estos días, colegas de Quintana Roo, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Nayarit –seguramente de otras entidades– han realizado manifestaciones y emitido pronunciamientos en rededor de lo que comenzaron a hacer gobernadores por “la protección del periodismo”. Esa agitación de las y los periodistas es porque se quedaron muy, pero muy, cortas las medidas que anunciaron los Miguel Ángel (Mancera y Osorio Chong).
A quienes nos han pedido asesoría y expresado preocupaciones les respondo sintéticamente con este texto y, de paso, lo dirijo como asesoría no pedida al presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera para decirle que el diagnóstico que le hicieron de este problema fue muy limitado y, por tanto, las tres medidas que acordaron en ese frente son harto insuficientes para el poder de influencia y de mando que tienen los gobernadores.
Enfoque miope
En junio el gobierno federal y la Conago, por fín comenzaron un pequeño ciclo de diseño de algunas políticas públicas y acciones legislativas para protección al ejercicio del periodismo. Pero, en ambos casos, su mirada se quedó corta porque sólo bordeó los asuntos de protección cautelar. Ni Peña Nieto ni Mancera, ni gobernador alguno pidieron contar con asesoría especializada para ir a fondo de los factores que causan la enorme vulnerabilidad de los medios y periodistas agraviados.
La Conago, por intervención de Mancera, sólo retomó algunas de las propuestas cautelares que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 24/2016. Estas son: derogar los tipos penales de difamación y de calumnia que, en la mayoría de los casos, propician agresiones del ministerio público a periodistas (falta despenalizarse en 13 entidades); establecer las fiscalías especializadas en asuntos de libertad de expresión para investigar agravios (sólo tienen cinco entidades) y crear mecanismos de protección (Sólo han funcionado parcialmente los de Veracruz, Guerrero, Hidalgo y más recientemente Chihuahua) O sea tres medidas de tipo cautelar.
Por el lado del ejecutivo federal, con el otro Miguel Ángel como operador–Osorio Chong– pactó con la Conago lo que de todos modos tenía obligación de hacer la Secretaría de Goberrnación desde fines de 2012: ampliar el presupuesto al mecanismo federal; revisar su estructura para ampliarle funciones ; impulsar a que ahora sí cumplan el convenio para medidas de protección que pactaron desde 2012-2013 los gobiernos de los estados; capacitar personal ministerial y policial en materia de derechos humanos y libertad de expresión. O sea, medidas cautelares. Visión miope.
Quizá lo único positivo de las intervenciones de Peña Nieto y de Mancera, aunque sean medidas esencialmente cautelares, es la demostración de que el ejercicio del periodismo es un asunto de Estado. Eso es lo que algunos periodistas mexicanos hemos venido exigiendo desde hace por lo menos 7 años. El periodismo tiene considerarse de interés público, como se caracteriza a los partidos, a cuerpos de auxilio, como los bomberos, a profesiones como de los médicos, abogados, notarios. En este caso por su rango de importancia para las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Las 6 vulnerabilidades
En marzo de 2015, la Casa de los Derechos de Periodistas demandó: “Legislar una ley general y 32 leyes estatales de protección integral del ejercicio del periodismo en las que se le reconozca como una actividad de interés público por ser el instrumento humano principal con que cuenta la sociedad para informarse y que, por tanto, debe ser protegida, tutelada y auspiciada; que su ejercicio sea libre y con garantías a la seguridad física, laboral, y profesional.”
Ese criterio mayor debería presidir toda política pública y legislaciones cuando los gobernantes intervengan en el ámbito del periodismo. Eso sería ampliar la mirada, más allá de lo cautelar.
Con esa visión amplia se facilitar entender las causas estructurales que facilitan las agresiones. En la CDP contamos con suficientes testimonios y estudios para los agravios y hasta asesinatos derivan, en mucho, por las seis grandes vulnerabilidades de las personas que ejercen el periodismo en todo el país.
1. Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica;
2. Ante el régimen legal, por insuficiencia o contradicciones de leyes;
3. Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente;
4. Ante omisiones, ignorancia y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y tribunales;
5. Ante agresiones, acentuadamente en algunos estados de la federación y contra medios medianos y pequeños y contra reporteros con debilidades profesionales extremas.
6. Por debilidad gremial, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesionalización.
Faltan 14 derechos
Aunque en cada estado varían, en rango de importancia, todas las vulnerabilidades requieren ser atendidas bajo una visión de protección integral –no sólo cautelar– que facilite a los periodistas, en primer lugar, elevar capacidades profesionales para su verdadera autoprotección y en segundo nivel de importancia, propiciar un andamiaje jurídico, más allá de la protección cautelar, que les mermita obtener fortalezas profesionales, gremiales y sociales.
Poco a poco se va fortaleciendo la tendencia de legislar en materia de protección en todos los estados. Habría que cohesionar y darles un sentido principal a todas las leyes que existen y las que vienen. En ese marco sería lógico impulsar una ley general (que aplique en todo el país). En una ley general o en todas se hará necesario establecer que la Constitución General y las constituciones en los estados reconocen al periodismo como una actividad de interés público que debe ser tutelada, protegida y auspiciada.
Una ley general o estatuto del periodista tendría que reconocer, al menos 14 derechos que existen en distintos países. Estos son:
1. Reconocimiento constitucional de que el ejercicio del periodismo es de interés público y que, por tanto, debe ser sujeto de protección integral, no solo cautelar, por todo el Estado mexicano;
2. Reconocimiento legal e institucional de la profesión de periodista en leyes secundarias;
3. Protección jurídica para sancionar agresiones de terceros (por ejemplo reformar todos los códigos penales de los estados para hacer punible la obstrucción, la agresión o la omisión como ya existe en Quintana Roo, San Luis Potosí y en el Código Penal Federal);
4. Procuración efectiva de justicia ante agresiones o asesinatos:
5. Pleno acceso a la información de interés público ya generada;
6. Acceso sin restricciones a todo sitio donde se esté generando información de interés público;
7. Garantías para mantener el secreto profesional de las fuentes:
8. Garantías para escribir y divulgar con libertad de conciencia;
9. Protección a los derechos como autor de productos originales
10. Derecho de réplica ante el manejo inadecuado de la información que se entregue
11. Trato profesional en salarios, prestaciones y seguridad social;
12. Protección de las empresas para misiones o tareas de alto riesgo profesional
13. Respaldo empresarial y público para la formación profesional continua
14. Marco legal para la colegiación profesional voluntaria y la suscripción de códigos de ética
Miguel Ángel Mancera ¿Qué le parece si rebasa la visión de procurador que la imprimió a la Conago para proteger a los periodistas? Ir más allá de lo cautelar, sí haría memorable su paso como presidente de esa instancia, y hasta le daría puntos como aspirante a la candidatura presidencial. Considérelo, por el bien del periodismo y nuestra deteriorada democracia.
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