Durante los trabajos de la Jornada por la Justicia, la Paz y la Igualdad, enmarcados en los 16 Días de Activismo de la Lucha en contra de la Violencia hacia las Mujeres, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que según datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), en el continente, al menos siete mujeres son asesinadas diariamente por crímenes de odio.
Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que en el país se cuenta con un marco jurídico de protección de derechos de las mujeres más firme, en el que se tipificó el feminicidio y en el que la alerta de género ya no se politiza como antes, sin embargo, subrayó que aún hay mucho por hacer.
La alerta de género se aplica en los estados de Guanajuato, Estado de México y Chiapas, pero “no es suficiente”; hay datos “escalofriantes” en Puebla, Hidalgo y Sinaloa, por lo que se debe buscar una alerta general en el país para poder diagnosticar y tener a la mano datos más reales de lo que padecen la mujeres, porque cada caso es distinto y en la mayoría hay justicia.
Además, refrendó desde el Poder Legislativo, el compromiso por la paz, seguridad e igualdad entre hombres y mujeres.
Por su parte, la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se pronunció por trabajar duramente en contra del feminicidio y dijo que llegó el momento de terminar con el maltrato a las mujeres y de dejar de soportar tanta misoginia.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN destacó como un hecho de violencia en contra de niñas y adolescentes que, al menos una de cada cinco mujeres, establezca una unión conyugal antes de cumplir los 18 años, lo que les impide vivir de manera plena su niñez, a causa de la discriminación derivada de la persistencia de las desigualdades sociales y de los roles y estereotipos de género, que obstaculizan su avance en todas las esferas de la vida.
Al ofrecer su testimonio, la señora Irinea Buendía denunció una serie de inconsistencias por parte de las autoridades para el esclarecimiento del suicidio de su hija Mariana Lima Buendía, en Chimalhuacán, Estado de México, acontecido en el año 2010.
El Ministerio Público, explicó, determinó en noviembre de 2011, no ejercer acción penal en contra del esposo de Mariana, Julio César Hernández Ballinas y a quien la señora Irinea señala como el autor del feminicidio.
Resaltó que en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y para marzo de este año, la primera sala amparó el caso, resultando favorable la sentencia sobre la muerte violenta de una mujer de 29 años y la investigación realizada. En la sentencia, dijo, se destacaron las obligaciones de los órganos investigadores para emprender una investigación con perspectiva de género y sin discriminación para determinar si se trató de un feminicidio.
La señora Irinea Buendía aseguró que en el Estado de México la justicia no existe para las mujeres, ni para quienes no tienen dinero para pagarla. “Yo seguiré diciendo que este supuesto suicidio sólo fue una simulación al verdadero feminicidio que Julio César Hernández Ballinas perpetró en la persona de mi hija, hoy occisa”.
Asimismo, refirió que no se puede permanecer insensible a las miles de mujeres asesinadas en el Estado de México, “10 veces más que en Ciudad Juárez”. Pidió hacer algo que verdaderamente impacte el actuar de los asesinos, misóginos, perversos, violentos y cobardes, pues hasta ahora el mensaje es que pueden hacer lo que quieran a cualquier mujer sin que pase nada.
Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos, Karla Michel Salas Ramírez subrayó la importancia de la sentencia sobre el caso Campo Algodonero, el cual puso de manifiesto no solamente la relevancia de tipificar los feminicidios, sino de investigarlos desde la perspectiva de género.
Esta sentencia se refiere a la condena hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.
Salas Ramírez, subrayó que 31 entidades federativas han incorporado la figura del feminicidio a su Código Penal, quedando en falta sólo el estado de Chihuahua; asimismo, destacó que según las cifras de 2012-2013, registradas por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, más de tres mil 800 mujeres y niñas han sido asesinadas en ese periodo.
De esos casos, explicó, 1.6 por ciento ha obtenido una sentencia, por lo que se demuestra que hay una impunidad en el 98 por ciento de los casos, a pesar de tener tipificado el feminicidio, situación que también expone la ineficacia del sistema de procuración de justicia.
Además, dijo que se tiene una deuda con las mujeres y niñas del país ya que 10 por ciento de feminicidios se concentra en niñas de 0 a 5 años de edad y en segundo grupo de mujeres de entre 15 a 29 años de edad.
En este sentido, llamó al Senado, a las organizaciones sociales, y a la sociedad en general a trabajar para buscar la igualdad, “porque en la medida del establecimiento de la igualdad de género en el país se podrá avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y los feminicidios”.
También asistieron a este encuentro Pamela Higuera Hidalgo quien dirige la Unidad de Género del Senado de la República y Rodolfo Domínguez, abogado de Irinea Buendía.
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