Mañana, lunes 26 de julio se cumplen 82 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 82 meses sin justicia y de sufrimiento para sus madres, padres, familiares, compañeros y amigos de quienes hoy serían profesores, educadores.
Peña Nieto fue el continuador de la política de exterminio iniciada por Felipe Calderón contra el movimiento social, política que el Partido Acción Nacional, heredó en el año 2000 de la vieja dictadura del casi centenario partido de estado, el Partido Revolucionario Institucional.
Los resultados de la investigación del Proyecto Pegasus es la enésima confirmación de que las víctimas del terrorismo de estado hemos sido espiados siempre, echan mano de todos los recursos legales e ilegales a su alcance sabedores de que la impunidad los protege.
Los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014 es una responsabilidad que comparte la presente administración encabezada por López Obrador y de la que son cómplices también sus subordinados.
Los cargos políticos de las más altas esferas de la política mexicana, las fuerzas armadas pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales han sido parte de esta maquinaria de guerra que asesina miles de personas al año.
La podredumbre e impunidad es de tan amplia magnitud que los nuevos gobiernos, en cuanto la situación se vuelve insostenible, evidencian parte del entramado de corrupción y vileza de sus antecesores pero sin ir al fondo del asunto: aplicar sin distinciones la Ley.
Los gobernantes practican el deporte de la mentira y el cinismo. Proyectan sus carreras políticas a costa del dolor, el sufrimiento, la persecución, la cárcel, la desaparición forzada y la muerte de quienes, siendo indígenas, no tienen la menor posibilidad de encontrar justicia.
Por eso no es raro encontrar que desde el presidente de la República, hasta Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, el estado más pobre de México, pasando por legisladores, magistrados y presidentes municipales, siguen lucrando a través de la mentira y la infamia.
No, México y Oaxaca no viven en paz, los diarios, los noticieros radiofónicos, los medios digitales y masivos de comunicación nos trasladan cada día, a cada momento la continuidad de la guerra y el horror. La nota roja de cada día. Muchas veces en directo, en vivo y a todo color.
A los indígenas, a los pobres se nos sataniza, criminaliza; a las y los periodistas, a las y los defensores de Derechos Humanos, a quienes perseguimos la verdad, la justicia, la reparación y no repetición se nos sigue asesinando, persiguiendo, encarcelando, arrojando al exilio.
No existe poder supremo, instancia nacional o internacional de ayuda pronta y efectiva para millones de mexicanas y mexicanos que nos encontramos en la indefensión aún frente a los micro poderes locales aliados de los paramilitares o lo que es peor: parte estructural del crimen organizado.
Solamente nos tenemos a nosotros mismos y debemos atenernos a nuestro poder organizativo, solidario; a la razón frente a la barbarie; a la resistencia y perseverancia en la defensa de los principios humanitarios que son el rasgo distintivo de nuestra condición de seres humanos.
Es importante acompañar a los millones de hombres y mujeres víctimas del poder político, militar y económico. Visibilizar sus luchas, nuestras luchas. Ocupar las calles, las plazas; cualquier espacio que tengamos a nuestro alcance para exigir educación, salud, justicia, paz y libertad.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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